Denuncian a Claudio Orrego por no ejecutar $45 mil millones del transporte rural
En el libelo, el diputado Juan Irarrázaval advierte que la inacción del Gobernador Metropolitano mantiene paralizados proyectos de transporte vitales para las zonas rurales de la Región Metropolitana (RM), perjudicando a millones de usuarios y evidenciando una grave falta en la ejecución de la ley.
El diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, junto a los Consejeros Regionales (CORES) de zonas rurales de la Región Metropolitana, Víctor Valdés, Jaime González, Carlos Tellería, Edith Aedo (Republicanos) y Nicole Aguilera, Pedro Pablo Herreros y Javier Ramírez (UDI), presentaron hoy una denuncia formal ante la Contraloría General de la República contra el Gobernador Regional Metropolitano de Santiago, Claudio Orrego, por presunto incumplimiento en la ejecución de $45.193 millones del Fondo de Apoyo al Transporte Público y la Conectividad Regional (FATCON), establecidos por la Ley Nº 21.692 y la Ley de Presupuestos 2025.
Según el documento ingresado ante la Contraloría, el parlamentario acusó que Claudio Orrego no estaría destinando ni ejecutando los recursos asignados a proyectos de transporte público rural, modernización del transporte menor y conectividad territorial, y que estaría utilizando esos dineros hacia fines distintos a los establecidos. Además, el legislador denunció que la omisión en la entrega de los informes trimestrales obligatorios está impidiendo la fiscalización del Congreso y que estaría debilitando la transparencia en el uso de los fondos.
“Todos los días vemos cómo familias y trabajadores de las zonas rurales de la RM sufren por la falta de transporte digno. Durante años luchamos por una ley que nos incluyera, y finalmente fue aprobada el año pasado. Por eso resulta frustrante que el gobernador Orrego ignore la ley y se niegue a usar estos fondos para transporte, destinándolos a otros fines. La ley es la ley, y él tiene la obligación de cumplirla. Estamos terminando el año, y se trata de más de $45 mil millones, al menos $2.500 millones por comuna rural anualmente, que podrían ayudar a solucionar gran parte de los problemas que enfrentan estas zonas olvidadas de la región”, expresó el diputado Irarrázaval.
En el escrito también se precisó “que, la ejecución de las leyes -su puesta en marcha/aplicación- primero: no se encuentra sujeta a la discrecionalidad de la autoridad de turno, según le parezca o no que ella impacta en el financiamiento de iniciativas o proyectos en ejecución o por ejecutarse, ya que dicha conducta se constituye en una flagrante infracción al principio de juridicidad y segundo: habiéndose destinado los recursos para una finalidad especifica, dichos montos de dinero deben ejecutarse para lo que fueron dispuestos y no para otros proyectos”.
En la denuncia, el parlamentario republicano solicitó a la Contraloría analizar en profundidad los antecedentes expuestos, investigar de manera exhaustiva el manejo de los recursos, determinar las eventuales responsabilidades administrativas y adoptar todas las medidas y sanciones que correspondan, con el fin de garantizar el estricto cumplimiento de la ley, la transparencia en la gestión pública y que los fondos asignados al transporte público sean ejecutados cuanto antes para los fines establecidos en la normativa vigente.
