Royalty y Chancay: riesgo portuario chileno
El 14 de noviembre de 2024 se inauguró, con bombos y platillos, el puerto más grande de Sud América en la localidad de Chancay, Perú, con una inversión total de US$3.500 millones, generando un impacto geoeconómico en el comercio, que permitirá el envío de materia prima a Shangai en tiempo record.
Dicho puerto de propiedad de Cosco Shipping Chancay Perú, integrado en un 60% por Cosco Shipping Ports Limited, cuyo accionista mayoritario es el estado Chino y por un 40% del grupo Volcán, minera peruana; permitirá el envío de containers de capacidad de 18.000 (TEU) con 10 ó 12 días de ahorro de viaje.
Los países que se verán beneficiados son Colombia, ya que al no tener TLC con China le favorecerá instalar una zona franca en Perú; Ecuador, con sus envíos de banana y cacao; Brasil y Chile (agroindustria); teniendo en cuenta que Chancay apuesta a que la carga de trasbordo de otros países representen el 65% de su movimiento.
El gobierno federal de USA ve con preocupación que China tome el control de la infraestructura estratégica en América Latina, potenciando la hegemonía china en logística, y cumpliendo con el ambicioso plan de Xi Jinping de “Belt and Road” implementado desde 2013, que implica una red estratégica mundial de infraestructura, con carreteras, puertos, líneas férreas, rutas marítimas, etc.
Las ventajas de Chancay son evidentes, tales como el tamaño de los porta contenedores y sistema ferroviario instalado, calado de más naves y grandes con sus 15 muelles, menor costo de envío por containers y despacho en tiempo record, lo que se traducirá en la salida ideal para minerales requeridos por China, como cobre, litio, hierro, productos agrícolas, como arándanos, uva, palta y soja y productos textiles, entre otros.
La puesta en marcha de Chancay genera un panorama complejo para el sector portuario chileno, a lo que se agregan dos proyectos de ley para establecer un royalty portuario, presentados por el senador Juan Ignacio Latorre y el diputado Luis Cuello, apoyados por la candidata a presidente Sra. Jeannette Jara. En términos simples, se traducen en impuestos a las exportaciones e importaciones por el uso de los puertos, gravándose en US$1 (proyecto Sr. Cuello) y en US$2 (proyecto Sr. Latorre), la tonelada, lo que afectará la competitividad al encarecer la cadena logística, si consideramos que el 90% del comercio se efectúa por vía marítima y que ya se paga el TUP (Tarifa de Uso Portuario) en algunos puertos, lo que no es más que una doble tributación.
Mas allá de lo loable que buscan dichas iniciativas, al pretender que la recaudación vaya a un Fondo Nacional para el desarrollo de las ciudades y regiones portuarias, los dos proyectos resultan desajustados con la realidad actual chilena, ya que a diferencia de lo que piensan las autoridades, los efectos negativos del megapuerto de Chancay son fáciles de proyectar; por lo que el llamado a la autoridad es apurar la ampliación y modernización de los puertos y no estar pensando en nuevos tributos al comercio marítimo, si queremos mantener nuestro Índice de Competitividad Portuaria, y por ende, el dinamismo exportador.
Miguel Brunaud Ramos
Profesor de Derecho Económico
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile
