Germán R. Pinto Perry
Siempre he sido partidario de la introducción a nuestro sistema tributario de la figura del “monotributo”, consistente en un régimen muy simplificado para emprendedores con poco capital, que se satisface con el pago de un solo impuesto que compense la tributación de renta, IVA y cargas municipales.
Quiero continuar con mis comentarios de lo que se nos avecina en materia de reformas tributarias, porque ha trascendido que terminada la tramitación de la Ley de Presupuesto, el ministro de Hacienda realizará una serie de “diálogos” con parlamentarios, representantes de organizaciones gremiales y colegios profesionales (parece que dejarán fuera a las universidades…) para realizar el trabajo “prelegislativo” por los cambios que se efectuarán a la Ley sobre Impuestos a la Renta, continuando con los lineamientos del “pacto fiscal” que permitió, además, dar nacimiento a la Ley de Cumplimiento Tributario que ya está en vigencia.
Ya está en plena aplicación la primera parte de la Reforma Tributaria del actual gobierno, cumpliendo en parte la promesa del plan de gobierno en materia impositiva.
La semana pasada me consultó una periodista por qué no fueron incluidas las tarjetas de prepago en el nuevo artículo 85 ter del Código Tributario, introducido por la Ley 21.713 sobre cumplimiento tributario, el que obliga a las instituciones financieras informar al Servicio de Impuestos Internos las transferencias que reciben los contribuyentes cuando superan las 50 en un día, semana, mes o más de 100 en un semestre. Yo respondí simplemente, porque quedaron fuera, porque la ley no quedó bien escrita.
Tal como ha señalado el destacado profesor de la Universidad San Sebastián Alejandro San Francisco en su columna publicada el domingo pasado en El Líbero, en las elecciones que vivimos ayer se jugaron distintos aspectos que es bueno tener en consideración. En primer lugar, está el aspecto que podemos denominar “elección de medio periodo”, que permite evaluar el trabajo realizado por el gobierno de turno, dando confianza o preocupación a los gobernantes. Es así como el gobierno de la Unidad Popular celebró el resultado de las municipales en 1971.
La semana pasada fue ingresado al Congreso el proyecto de ley que establece nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior y un plan de reorganización y condonación de deudas educativas, siendo una de las promesas de campaña del Presidente, quien se comprometió a condonar las deudas contraídas por estudiantes a través del sistema de Crédito con Aval del Estado (CAE).
El Director Nacional (s) del Servicio de Impuestos Internos anunció una serie de medidas para aplicar las nuevas facultades que la ley de Cumplimiento Tributario le ha otorgado, las cuales serán utilizadas “con responsabilidad, pero con decisión”. Sin duda que este renovado ímpetu está encaminado para combatir la evasión, el comercio ilícito y contribuir a la lucha contra el crimen organizado.
Septiembre es el mes de la Patria y la Historia nos llama a recordar y repasar distintos pasajes de nuestro pasado como nación. Es por este motivo que me permito destacar que en este año 2024, se conmemoran los 100 años de la primera ley sobre impuesto a la renta de nuestro país, pues fue el 2 de enero de 1924 cuando se publicó la Ley 3.996 que introdujo este tributario en nuestra legislación.
Sin duda que el ministro de Hacienda está preocupado de combatir la evasión y actos ilícitos, y por tal motivo, se incorporó en el proyecto de ley de Cumplimiento Tributario que se está debatiendo en el Senado, la idea que obligar a que toda transacción superior a 50 UF ($1.891.550 al día de hoy) sea realizada a través de medios de pago electrónico o cualquier otro medio que permita la individualización del pagador. Evidentemente, a través de la trazabilidad de la operación, sería posible controlar el origen de los fondos utilizados.
El 8 de agosto recién pasado ingresó al Congreso el proyecto de ley que “propone un régimen tributario especial para los comerciantes de ferias libres”, siendo una especie de “monotributo” que ayudará el cumplimiento tributario de un importante sector de nuestra economía, no por el aporte que éste hace al PIB, sino por su relación tradicional que existe con la población.
El Director Nacional de Servicio de Impuestos Internos subrogante, don Javier Etcheverry, visitó a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados la semana pasada, para presentar sus proyectos de fiscalización y su diagnóstico al organismo que está recién comandando y espera continuar a su cabeza si gana el concurso de Alta Dirección Pública abierto en estos días.
El proyecto de ley que se está discutiendo en el Senado sobre el cumplimiento tributario recoge una idea que siempre ha estado en las iniciativas de reformas tributarias, pero que no han prosperado respecto a modificar el artículo 64 del Código Tributario, que otorga al Servicio de Impuestos Internos (SII) la facultad de tasar las bases de aquellas operaciones que realicen los contribuyentes y cuyos valores resulten notoriamente distintos a los corrientes en plaza u operaciones similares, cuando no cuente con los antecedentes para determinar las cuantías de impuestos calculados por los contribuyentes y otra situaciones particulares.
El martes 18 de junio recién pasado fue la audiencia que dio la Comisión de Hacienda del Senado, por la discusión del proyecto de Cumplimiento Tributario que está siendo debatido en el Congreso. En esa oportunidad, se desarrolló un interesante intercambio de ideas entre el senador Felipe Kast y el coordinador de política tributaria del Ministerio, don Diego Riquelme, sobre la existencia de una legítima razón de negocios (LRN) y de la legítima opción de adoptar una figura legal que permite una menor carga tributaria.
Nuevamente, la autoridad fiscal está ofreciendo la posibilidad de aplicar un impuesto sustitutivo a los impuestos finales (impuesto Global Complementario o Impuesto Adicional) que afectarían a las utilidades acumuladas en las empresas y que no han sido retiradas o distribuidas, sin la necesidad de generar su retiro o distribución, con el evidente objetivo de conseguir la tributación de los retiros que aún no se han efectuado.
Una de las cosas interesantes que tiene el proyecto de ley sobre cumplimiento tributario que está siendo discutido en el Senado, es la creación del Consejo Asesor Consultivo (CAC) que ayudará al análisis situaciones vinculadas con la elusión tributaria.
Interesante fue el talente del discurso del presidente de la República en ENADE 2024, a través del cual expresó las metas para lo que queda su gobierno. Al respecto señaló que espera crecer más del 2% anual, bajar la pobreza a 5%, crear 700 mil empleos, reducir la informalidad a 25%, lograr pensiones equivalentes al 75% de las últimas remuneraciones antes de jubilar y subir la producción de cobre en un millón de toneladas.
Nos encontramos en plena Operación Renta 2024 y, como todos los años, surgen sorpresas gratas y otras no tanto.
Una de estas sorpresas que molestan es la cotización previsional de trabajadores independientes cuyo origen se remonta a la ley 20.255 de 2008 del primer gobierno de la presidente Bachelet, pero que solo a partir del 2019 a través de la ley 21.133 de 2019 del segundo gobierno del presidente Piñera, es totalmente obligatoria.
La semana pasada me preguntaron si habría reforma tributaria en este gobierno, a lo cual respondí sin mucha reflexión, que no. Luego, habiendo meditado más mi respuesta, señalé que, de haber una reforma, no será estructural, de eso sí estoy convencido.
Es indudable que el 2024 comienza evidenciando los problemas de nuestra economía, con el decrecimiento del año pasado, el alto IPC de febrero y la paupérrima actividad del rubro de la construcción registrado en el mismo mes, señalando que solo 12 proyectos comenzaron en ese periodo.
El Ministerio de Hacienda continúa con la socialización de sus ideas para incluir en la próxima reforma tributaria el aumento de la carga tributaria para personas naturales cuyos ingresos mensuales superen los 3,2 millones de pesos, afectando a 431.250 personas que permitirá aumentar la recaudación fiscal en una cifra equivalente el 1,1% del PIB, más o menos 3.300 millones de dólares, cifra que, considero, es muy optimista.