Ley de Patentes Mineras 2026: el daño de la ley 21.420, lo que falta y cómo resolverlo
1. El impacto de la ley original: un alza del 400% que nadie midió
La Ley 21.420 de 2022 no fue una ley minera: fue una ley de financiamiento de la Pensión Garantizada Universal que usó la propiedad minera como caja. Cuadruplicó la patente de explotación sin trabajos acreditados, de 0,1 a 0,4 UTM por hectárea, y la hizo escalar por quinquenios hasta 12 UTM. Con la UTM de octubre en $72.151, una pertenencia de 100 hectáreas pasó de pagar $721 mil a $2,9 millones al año, con un horizonte de $86,6 millones solo por existir. Jorge Riesco, presidente de la Sonami, lo resumió sin adjetivos: cuando subes las patentes 120 veces en 20 años, la gente abandona la propiedad minera.
El resultado fue exactamente el contrario al prometido. La ley iba a diversificar actores y a liberar territorio ocioso. Lo que hizo fue concentrar la propiedad: entre 2022 y 2025 cayó la participación de pequeños y medianos titulares y subió la de las grandes empresas, Codelco, Enami y Corfo. Castigó la ignorancia administrativa, no la ociosidad. El especulador grande acreditó actividad con abogados y geólogos; el pirquinero de Tierra Amarilla con 30 hectáreas heredadas no alcanzó a postular o le rechazaron la rebaja. Y ni siquiera recaudó más: la recaudación 2026 cerraría 13% por debajo de 2025, porque la base de titulares que paga se está achicando.
Las cifras, todas presentadas ante el Senado durante la tramitación, son las siguientes:
2. Lo que la nueva ley corrige
La ley despachada el 28 de octubre fija 0,4 UTM general y 0,1 UTM con trabajos acreditados, amplía las causales de rebaja a proyectos con RCA vigente o en evaluación, permisos en trámite e información geológica certificada por Sernageomin, crea un régimen de cinco años para titulares bajo 500 hectáreas empadronados en Enami, sube la patente especial a 150 hectáreas para pequeños mineros y 100 para artesanales, elimina parentesco, tipo societario y servidumbres como requisitos, y posterga el pago 2026 al 28 de febrero de 2027. Es un avance real y fue aprobado con un consenso inédito: 107 a 2 en la Cámara y 37 a 1 en el Senado.
3. Lo que falta: seis puntos ciegos
El 0,4 UTM sigue siendo cuatro veces lo que se pagaba antes de 2022. Para quien no logra la rebaja, la ley conserva el alza del 400% que originó el problema. Agrumin y Sonami pidieron Comisión Mixta por esta razón y no fueron escuchados. La Cámara Minera advirtió con tiempo esta falencia.
La carga de la prueba sigue en el pequeño minero. Debe acreditar ante Sernageomin trabajos que el propio Estado ya conoce por sus declaraciones, fiscalizaciones y ventas a Enami. El 49% de rechazo de rebajas es consecuencia directa de este diseño.
El régimen especial exige empadronamiento en Enami, pero Enami tiene 990 productores empadronados activos. Miles de productores que venden a plantas privadas o están inactivos por precio quedan fuera del beneficio.
No toca el cuello de botella real: los remates. Seis de cada diez concesiones rematadas vuelven a la nómina y el 32% de los roles declarados terreno franco reaparecen en remate. La propiedad minera sigue repartida entre Conservadores, tribunales, Tesorería y Sernageomin sin un registro común.
Baja la multa, pero no crea el premio. La ley elimina el castigo por no explorar, pero no incorpora ningún incentivo a explorar. Los pedimentos de exploración siguen 61% bajo el promedio histórico.
No repara la mora acumulada. El 79% de las concesiones PyM está en mora y la postergación a febrero solo mueve la fecha del remate; no resuelve la deuda ni devuelve las 24.000 hectáreas ya perdidas.
4. Recomendaciones de solución
Crédito tributario transferible del 30% al gasto en exploración greenfield certificado por Sernageomin, con tope anual, al estilo del flow-through share canadiense. Australia invirtió del orden de US$4.000 millones y Canadá US$3.000 millones en exploración; Chile, cerca de US$80 millones desde 2005. Ningún yacimiento se descubrió encareciendo la tenencia.
Catastro minero único, digital y público, que integre Sernageomin, Tesorería, Poder Judicial y Conservadores de Minas, con comunicación electrónica de resoluciones, publicación del resultado de cada subasta y liberación de pertenencias caducadas en 90 días.
Invertir la carga de la prueba: que Sernageomin acredite de oficio los trabajos con sus propios registros y que la certificación de Enami o de cualquier poder de compra reconocido baste para la patente rebajada. El pequeño minero no debe probar lo que el Estado ya sabe.
Fondo puente y convenios de pago con Tesorería para regularizar la mora acumulada antes de reanudar los remates, con condonación de recargos para productores que acrediten actividad.
Reclasificar por ley la pequeña minería, subiendo el umbral de 5.000 a 15.000 toneladas mensuales, y modernizar Enami: más poderes de compra, empadronamiento regional como el que partió en Tarapacá y reglamento de compra basado en ley de corte, no en planta estándar.
Vigencia inmediata y medición pública: promulgar sin esperar un año y exigir que el informe anual de Sernageomin incluya rebajas rechazadas con sus fundamentos, pertenencias rematadas y quiénes se las adjudican. Lo que no se mide no se corrige.
5. Conclusión
La pequeña minería aporta menos del 5% de la recaudación por patentes. Ese es el tamaño del sacrificio fiscal que se discutió durante cinco meses. Con el cobre en máximos históricos y una cartera de US$104.549 millones esperando permisos, el problema de Chile no es que le falten cobradores: le faltan exploradores y le sobran pequeños mineros expulsados de su propio cerro. Rebajar la patente era lo mínimo. Lo importante viene después.
La Cámara Minera hace un llamado a no jugar más con leyes que van en contra de la minería, para ello deben escuchar a los que saben.
Dr. Manuel Viera Flores, Presidente de la Cámara Minera de Chile y CEO de Metaproject Group
