Un análisis realizado por la consultora Colliers profundizó sobre las consecuencias que sufrirá el sector de la construcción si el requerimiento contra las OGUC en el Tribunal Constitucional avanza.
Los cambios a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) van encaminados en aumentar la densidad en los proyectos de vivienda y permitir la construcción de unidades más pequeñas, en línea con las necesidades actuales de espacio de las familias. Sin embargo, diputados de oposición, alcaldes y el gobernador metropolitano Claudio Orrego presentaron un requerimiento en contra de estos cambios ante el Tribunal Constitucional.
"Los cambios a la OGUC son una señal muy positiva para la reactivación del sector. Al reducir la incidencia del terreno y permitir viviendas más acordes con lo que hoy demandan y pueden pagar las familias, se abre espacio para que proyectos que hasta ahora no eran viables puedan desarrollarse", explica Jaime Ugarte, Director Ejecutivo de Colliers.
El ejecutivo señala que "Nuestra estimación es que estos cambios podrían impulsar cerca de 20.000 viviendas adicionales por año durante los próximos tres años y contribuir a la generación de alrededor de 50.000 empleos en ese periodo. Todo esto se perdería si la actual ofensiva logra avanzar".
Desde la consultora destacan que la aprobación de los cambios a la OGUC ya mostraban signos de reactivación entre los desarrolladores, puesto que brindaba algo esencial para los inversionistas: certeza, y la posibilidad de poder construir el tipo de viviendas más demandadas actualmente.
"La norma antigua calculaba la densidad suponiendo cuatro personas por vivienda, cuando el Censo muestra que hoy los hogares tienen 2,8. Al corregir ese supuesto, en un mismo terreno caben más viviendas, y el costo del suelo se reparte entre más familias. Lo mismo pasa con el conjunto armónico, que con los cambios se podría aplicar en terrenos más pequeños y con mejores incentivos, y con la rebaja de estacionamientos cerca del transporte público. Todo eso bajaría el costo de producir cada vivienda, y es la vía más directa para que el precio deje de alejarse de lo que las familias pueden pagar, especialmente en barrios bien ubicados", explica Ugarte.
El experto afirma que los cambios impulsados por el ejecutivo a las OGUC fue una acción valiente, a la vez que indispensable. "Por primera vez el Estado reconoce con claridad que parte del alza en el precio de la vivienda viene de su propia regulación, y decide corregirla sabiendo que iba a tener oposición. Contraloría pidió ajustes de forma, pero lo central quedó en pie. Lamentablemente el requerimiento reciente contra las OGUC en el TC pone en juego que se puedan concretar estas medidas y frena la inversión".