A ley proyecto que simplifica el sistema de patentes mineras

(www.camara.cl)

La Sala de la Cámara aprobó, por la unanimidad de 140 votos a favor, el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas (boletines 18236 y 18414), que fortalece la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar y previene su revictimización.

La norma enviada al Senado establece que el juez deberá autorizar la comparecencia remota por videoconferencia de la víctima que lo solicite, en una o varias audiencias judiciales que se realicen presencialmente en el tribunal. Asimismo, podrá autorizar la comparecencia remota del presunto ofensor cuando así lo solicite la víctima de violencia intrafamiliar.

En tales casos, la autorización solo podrá denegarse cuando dicha modalidad genere indefensión. Al respecto, la víctima podrá solicitar su comparecencia remota o la del presunto ofensor hasta dos días antes de la realización de la audiencia, proporcionando algún medio de contacto oportuno, como un número de teléfono o correo electrónico, a fin de que el tribunal coordine su realización.

Si no es posible contactar a la parte interesada a través de los medios proporcionados, tras tres intentos, de los cuales deberá dejarse constancia, se entenderá que no ha comparecido a la audiencia.

Dicha solicitud podrá formularse con posterioridad al plazo establecido cuando se presenten circunstancias que puedan afectar la seguridad o protección de la víctima. En tal caso, el tribunal deberá pronunciarse sobre ella antes de la realización de la audiencia respectiva.

En línea con lo anterior, se dispone que la declaración de la víctima pueda rendirse por videoconferencia. Para ello, el tribunal deberá verificar que se realice libremente, sin la presencia del presunto ofensor ni de terceros que puedan influir en ella.

Ingresos y salidas diferenciadas

La iniciativa establece mecanismos para evitar el contacto entre las víctimas y sus presuntos agresores durante las audiencias judiciales por violencia intrafamiliar, incluyendo salas de espera separadas e ingresos y salidas diferenciados. Además, busca resguardar la confidencialidad de la ubicación de las víctimas cuando su divulgación pueda poner en riesgo su seguridad o la de sus hijos.

En situaciones de riesgo inminente, cuando no sea posible notificar medidas cautelares, como órdenes de alejamiento o prohibiciones de tenencia de armas, se dispondrá su notificación a través de Carabineros o la PDI. Si esto no resulta posible, podrán utilizarse otros medios, como el correo electrónico. Mientras se concreta la notificación, el tribunal podrá ordenar rondas preventivas en el domicilio de la víctima.

El proyecto permitirá que las víctimas declaren anticipadamente cuando exista riesgo para su integridad, de revictimización o de presiones para retractarse. Sus testimonios serán registrados en audio y video y podrán reproducirse durante el juicio oral, evitando que deban declarar nuevamente, salvo cuando el tribunal lo considere indispensable respecto de hechos nuevos o no abordados anteriormente.

Debate parlamentario

Participaron del debate Valentina Becerra (informante), Eileen Urqueta, Cristóbal Urruticoechea, José Antonio Rivas, Tomás Kast, Omar Sabat, Sara Concha, Cristian Mella, Carolina Cucumides, Cristian Contreras, Francesca Muñoz, Germán Verdugo, Claudia Reyes, Zandra Parisi, Marcos Ilabaca, Cristian Neira, Alejandro Riquelme, Roberto Arroyo, Chiara Barchiesi, Benjamín Lorca, Carlos Carvajal, Alejandro Bernales, Héctor Barría, Ximena Naranjo, Patricio Pinilla, Stephan Schubert y Consuelo Veloso.

Durante el debate, se destacó que las medidas serán útiles para las mujeres que viven en localidades alejadas y que, actualmente, deben trasladarse a otras zonas, faltar a sus trabajos o buscar quién cuide a sus hijos para asistir a las audiencias judiciales.

Distintos sectores recordaron los nombres de víctimas de casos de violencia. Manifestaron que tras las altas cifras hay dolor. Asimismo, lamentaron que mientras el Estado les exige que denuncien, no les garantice protección y las enfrente nuevamente al miedo.

Si bien se reconoció que la normativa representa un avance, también surgieron críticas por la falta de recursos presupuestarios para su implementación. Al respecto, se advirtió que muchas víctimas de violencia intrafamiliar que residen en zonas rurales no cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias para acceder a estos beneficios.

Desde otros sectores respaldaron las medidas de protección a las víctimas, pero advirtieron sobre el uso de los procedimientos para presentar denuncias falsas contra los progenitores. En este contexto, señalaron que estas acusaciones pueden debilitar la confianza en las instituciones y desviar recursos públicos, por lo que solicitaron poner en tabla el proyecto que busca sancionar este tipo de conductas y evitar su utilización como mecanismo de venganza personal.