Bruselas da un ultimátum a España para adaptar las normas europeas sobre créditos al consumo
BRUSELAS, 1 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea ha dado este jueves un plazo de dos meses a España para que adapte plenamente su legislación a las normas europeas sobre contratos de crédito al consumo, antes de llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y solicitar la imposición de sanciones económicas.
Bruselas ha enviado un dictamen motivado a España y otros 15 Estados miembro por no haber comunicado todavía la transposición completa de la directiva europea sobre créditos al consumo, cuyo plazo para incorporarla a las legislaciones nacionales expiró el 20 de noviembre de 2025.
La normativa tiene como objetivo reforzar la protección de los consumidores en el mercado crediticio y garantizar una mayor transparencia y equidad en las operaciones de crédito en toda la Unión Europea.
El Ejecutivo comunitario abrió en enero procedimientos de infracción contra 23 Estados miembro por no haber comunicado las medidas necesarias para incorporar plenamente la directiva a sus ordenamientos nacionales, mediante el envío de cartas de emplazamiento.
Desde entonces, varios países han avanzado en la transposición, pero España y otros 15 socios --Bulgaria, República Checa, Estonia, Irlanda, Francia, Croacia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Eslovenia-- siguen sin haber comunicado a Bruselas la incorporación completa de las normas.
Por ello, la Comisión ha decidido avanzar a la siguiente fase del procedimiento de infracción con el envío de un dictamen motivado y ha dado a los 16 países un plazo de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias.
ESPAÑA YA APROBÓ EL ANTEPROYECTO DE LEY QUE TRASPONE LA DIRECTIVA
Si España y el resto de Estados señalados no subsanan las deficiencias dentro de ese plazo, Bruselas podrá remitir los respectivos casos al Tribunal de Justicia de la UE y solicitar que imponga sanciones económicas.
El Gobierno español aprobó el pasado 7 de enero el anteproyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo, precisamente para transponer las directivas europeas para reforzar la transparencia, limitar los tipos de interés en créditos rápidos y tarjetas revolving, y prevenir el sobreendeudamiento de los hogares, pero todavía no se ha aprobado en segunda vuelta y, por tanto de manera definitiva, en el Consejo de Ministros.
