Secuelas de un asesinato
Nuevamente el país se ha visto estremecido por el brutal asesinato de un cabo de Carabineros en el desempeño de sus labores. Y también, nuevamente, el país se da cuenta que la acción criminal ha tenido dos actores infaltables: tráfico de droga y extranjeros ilegales. Chile está cansado de esto, y de que todos los compromisos encaminados a terminar con esta grave lacra para nuestra vida social, haya tenido manifiesta poca efectividad. El control y ataque al tráfico de drogas constituye una prioridad nacional, por sus enormes y graves efectos en nuestra población tanto por los complejos problemas delictuales asociados como también por sus efectos en términos de salud y mejor convivencia. Un tema que afecta de manera muy principal a nuestra juventud adolescente y a los sectores más vulnerables de la población. Ponerle atajo a este grave problema significa atacar frontalmente al tráfico ilícito, así como ampliar la acción educativa sobre los nocivos efectos de la droga. Es importante que el quehacer en este campo implique, como se está haciendo, una acción frontal en el terreno en que se desenvuelve el tráfico de drogas, con un esfuerzo orientado a disminuir la demanda por medio de mayor información y medidas policiales para contrarrestar el consumo de sustancias ilícitas.
El asesinato del cabo de Carabineros, que se suma a una cadena de mártires institucionales, pone de relieve la seriedad del problema que se enfrenta. A pesar del riesgo que corren vecinos y muchos inocentes, el rol jugado por los maleantes no se detiene ante nada. Muchos que intentan poner el tema de la inmigración ilegal en un terreno épico, idealizando la figura de quien se radica ilegalmente para intentar mejorar su condición de vida en suelo chileno, deben ahora dar cuenta del enorme riego que encierra la condición de ilegalidad y su conexión con actividades ilegales. El desarrollo de verdaderas organizaciones criminales y la acumulación de poder de fuego en manos de estos grupos de delincuentes inmigrantes ilegales y también connacionales, ponen en riesgo la vida de muchas personas inocentes en barrios y comunas. En su defensa la labor de Carabineros es fundamental, aún exponiendo la vida del personal en defensa de quienes son potenciales víctimas del tráfico ilegal, como también del armamentismo y violencia que rodea a la conformación de verdaderas bandas organizadas en torno al crimen y al tráfico. Todos los recursos deben ponerse para garantizar la estabilidad social amenazada por un verdadero contingente de delincuentes armados.
Como sociedad no podemos estar periódicamente lamentando este tipo de hechos luctuosos, ni manifestando la solidaridad hacia el cuerpo de Carabineros por el asesinato de un funcionario en acto de servicio. Lo que el país espera es una acción preventiva más decidida y efectiva lo cual excede a las posibilidades del propio mando institucional, porque se extiende al tema de los recursos y de la conciencia comunitaria. Es cierto que se han hecho esfuerzos muy importantes para dotar a Carabineros de Chile de mejor equipamiento, capacitación e instrumentos de análisis y prevención sobre el tema del narcotráfico. Pero hay que entregarle más soporte en el ámbito judicial, puesto que no es excepcional que el castigo a los delitos de tráfico, ejercicio de violencia y armamentismo se vea atenuado por acciones jurídicas y no sorprende que los culpables se encuentren en libertad, en lugar de estar cumpliendo penas significativas. La ciudadanía no comprende estas contradicciones, porque las atribuciones que necesita Carabineros no pueden verse amagadas ni por la necesidad de mayores recursos ni por el efectivo rol de un sistema judicial verdaderamente comprometido con el combate a esta calamidad social.
Prof. Luis A. Riveros
IEIPP Universidad del Alba
