Cámara concluyó despacho del Presupuesto 2027

(www.camara.cl)

Con la aprobación del articulado del proyecto de ley (boletín 18702) de Presupuesto 2027, la Sala de la Cámara culminó, cerca de las 6:17 am., el tratamiento de la propuesta y la despachó a segundo trámite, al Senado, entidad que la revisará durante la próxima semana.

Durante este proceso, que se inició el pasado lunes 9 con el tratamiento en general del Presupuesto 2027 y cuyo trámite en particular comenzó el martes 10, se rechazaron los gastos variables de las partidas de Interior, Educación, Secretaría General de Gobierno, Minería, Mujer y Cultura. A este listado se suma Ciencias, que venía sin sus recursos desde la Comisión Mixta de Presupuestos y que no contó con indicaciones del Ejecutivo para reponerlos.

En otras carteras también hubo materias rechazadas: los dineros para el IND, en Deportes; los recursos de Senadis y del Servicio de Protección Especializada a la niñez y adolescencia, en Desarrollo Social; los recursos para el Serviu de Tarapacá, en Vivienda, y los gastos de las subsecretarías del Ministerio del Trabajo, entre otras.

En su gran mayoría, estos rechazos responden al llamado de las y los diputados para que el Ejecutivo reevalúe las asignaciones planteadas, ya que el Congreso Nacional no tienen facultades para aumentar los recursos.

En cuanto a as normas incuídas en el articulado del proyecto, destaca el rechazo a la solicitud que realizaba el Ejecutivo para poder endeudarse hasta en US$25 mil millones. Igualmente, el artículo 50, que disponía que las obras públicas adjudicadas por trato directo o licitación privada, cuyo monto no excedan las 30 mil UTM, o por licitación pública si el monto no supera las 75 mil UTM, podían iniciarse materialmente, desde la notificación del acto administrativo adjudicatorio.

Seguridad Pública, Gobiernos Regionales y Tesoro Público

La partida de Seguridad Pública concitó las felicitaciones de diputadas y diputados de partidos oficialistas, quienes, junto con resaltar las mejoras en los diversos indicadores en este ámbito, llamaron la atención del 7% de crecimiento de los recursos destinados para reforzar el accionar de las policías y, en particular, de Gendarmería, que experimenta el mayor aumento.

Sin embargo, hubo algunas observaciones, en especial, desde la oposición. Una de los llamados fue para aumentar los dineros destinados a la Agencia Nacional de Ciberseguridad (Anci). Otras opiniones criticaron la rebaja de montos en el Plan contra el crimen organizado y en programas como el de “Seguridad rural” y “Denuncia Seguro”, así como para los centros de atención a víctimas y la reinserción, entre otros temas.

Por otra parte, se pidió que se informe cómo se distribuirá el aumento de recursos a nivel país, aspirando que haya un trato equitativo entre las regiones.

En Tesoro Público, se expresaron temas puntuales, como la petición de diputados de la Región del Biobío para que se cumpla con los compromisos de pensiones para los exmineros del carbón; así como, desde legisladores de distritos donde es preciso avanzar en reconstrucción.

Un punto recurrente fue la situación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Desde los partidos Republicano, UDI y Nacional Libertario se pidió terminar con esta entidad y se reclamó una suerte de protección entregada por el Gobierno, misma que se defendió y se destacó desde la oposición. Finalmente, en las votaciones, se rechazó la asignación al INDH desde la partida del Tesoro Público.

Otros temas mencionados fueron la necesidad de postergar la reforma tributaria, dada la incertidumbre de ingresos fiscales, planteado por el Frente Amplio y PC; y el aumento de la deuda pública considerado en el Presupuesto 2027.

Por último, respecto del finanaciamiento a los Gobiernos Regionales, se valoró el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y los gobernadores para reponer los recursos que recibían los Gores. en dicha línea, se destacó que avanzar en descentralización requiere mayores grados de autonomía para las regiones.

Sin embargo, hubo críticas a la gestión de algunos gobernadores, referidas al uso de la denominada Ley espejo, en materia de transporte.

También se solicitó mayor transprencia en la rendición de cuentas regionales de los recursos del royalty minero.