Presupuesto para Gobiernos Regionales: El acuerdo que evita el recorte, pero no resuelve el problema

Las regiones llegan a 2027 con un presupuesto de inversión que, en el mejor de los casos, repite el de 2026, justo cuando varias de ellas atraviesan su peor momento económico en años. La inversión de los gobiernos regionales no es un gasto accesorio; en muchas comunas es casi la única obra pública que se ve, y es la que llega a contratistas locales, empleo de construcción y servicios básicos. Discutir cuánto se recorta, en vez de cuánto y cómo se invierte, es la señal de que el país todavía trata la inversión regional como la variable de ajuste del presupuesto. Por tanto, el acuerdo por la Partida 31 que se celebró como un día histórico, sólo evitó un recorte, pero no resolvió es el problema de fondo.

Los hechos son claros. El proyecto de Presupuestos ingresado en septiembre fijó la Partida 31 de los Gobiernos Regionales en $1.803.524 millones, 4,8% menos que en 2026; el mayor recorte en pesos de todas las partidas. Los programas de inversión de los gobiernos regionales caían 6,2%. En dicho contexto, la Asociación de Gobernadores habló del presupuesto más regresivo desde la creación de los gobiernos regionales y estimó la rebaja en más de $250 mil millones. Tras dos semanas de negociación, el pasado 4 de noviembre la Comisión Mixta aprobó por unanimidad una indicación que repone $94.897 millones para inversión y deja el marco en $1.820.011 millones, similar a la inicial de 2026 una vez descontado el 3% que se reasignaba a Interior para emergencias. Aun así, el gobernador Rodrigo Mundaca calcula que la caída residual para 2027 será de 3% a 4%. Y esto ocurre después de un 2026 en que las regiones ya perdieron cerca de $101 mil millones. 

Dicho lo anterior, el impacto sobre el crecimiento regional pasaría por tres canales. El primero es el momento: en el segundo trimestre de 2026 el PIB cayó en siete de las 16 regiones y la construcción retrocedió en la mayoría. Cuando la inversión privada se frena, la obra pública regional es el principal amortiguador, y congelarla, o reducirla en términos reales, es una política procíclica justo donde más duele. El segundo es la inercia: los proyectos regionales son plurianuales, por lo que dos años de recortes no solo frenan obras en 2027, sino que achican la cartera de 2028 y 2029. El tercero es la calidad del gasto. 

El Gobierno tiene razones fiscales atendibles y el argumento de que las regiones no ejecutan pierde fuerza. Según la Dipres, los gobiernos regionales ejecutaron en promedio 94,2% de su presupuesto en 2026. Pero el director de Presupuestos tiene un punto cuando dice que la ejecución se mide mal, porque parte de los recursos se transfiere a ministerios y servicios. Ejecutar no es lo mismo que invertir bien. A eso se suma un detalle que el acuerdo no despeja: parte de la reposición se financia con el Fondo de Apoyo al Transporte, lo que en la práctica mueve recursos de un bolsillo regional a otro.

La conclusión es que el acuerdo compró tiempo, no una política. Para que la inversión regional deje de negociarse cada septiembre, es posible proponer tres cambios. Primero, fijar un piso legal, es decir, que la inversión de los gobiernos regionales no pueda caer en términos reales respecto del año anterior, salvo una crisis fiscal declarada, y que las regiones con dos trimestres de caída del PIB puedan adelantar cartera. Segundo, medir lo que importa. Separar la ejecución directa de la transferida a otros servicios y publicar evaluaciones de resultados de los proyectos, para que la discusión sea sobre impacto y no solo sobre porcentaje gastado. Tercero, usar desde enero las flexibilidades que el acuerdo promete, porque un peso invertido en el primer semestre de 2027 vale más para el empleo regional que uno gastado en diciembre. La descentralización fiscal no se juega en un acuerdo de último minuto, sino en reglas que den certeza a quienes construyen en regiones.

Américo Ibarra Lara

Director Instituto del Ambiente Construido

Observatorio en Política Pública del Territorio

Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido

Universidad de Santiago de Chile