El país está inmerso en una complicada circunstancia, en medio de una grave preocupación por la situación económica que deriva de múltiples factores. Se trata de una crisis, aunque no necesariamente ligada a la economía internacional sino a la existencia de factores exógenos que se han mencionado hasta el cansancio: conflicto del medio oriente e inusitado cambio climático se han combinado con una difícil situación fiscal heredada de varios años de desarreglos que han llevado a una deuda externa difícil de remontar. Además, se suma a esto una compleja situación de la minería afectada no sólo por cuestiones climáticas, sino también por la caída en la ley de los minerales exportables lo cual lleva a una baja en la producción y la necesidad de significativas inversiones. Todo esto resulta en un complejo panorama, no fácil de superar, y que resulta en una resistente inflación, un alto desempleo y una débil inversión y crecimiento económico. Todo esto causa angustia en la población, acrecentada por una discusión que la gente no comprende en sus dimensiones técnico-jurídicas, pero que sí ha llevado a una baja en la credibilidad de la administración de gobierno.
La decisión del gobierno -ya no sólo del ministro Rabat- en torno a otorgar un beneficio de libertad a condenados por graves delitos de aprovechamiento sexual contra menores, causa total rechazo en la población. Por cierto, se cumplió con ello algo mandatado por una anterior ley de la república, levantando una primera incógnita: ¿quienes estuvieron detrás de la aprobación de esa medida y en qué medida el debate parlamentario no fue capaz de señalar las probables consecuencias asociadas a su aplicación? Es bueno para el país que se destaque este tema, señalando las responsabilidades envueltas. Sin embargo, esta ley se aplicó sin tomar en cuenta sus efectos sociales, el impacto en el ciudadano que conoce los resultados de aplicar la ley más no los argumentos tenidos en cuenta para su aplicación. Esto levanta la segunda incógnita: ¿por qué se aplicó esta ley sin la más mínima consideración del negativo impacto que ello traería en la ciudadanía?
Una tercera incógnita se refiere a las razones de la resistencia del presidente a efectuar un cambio radical ante lo que se aprecia como necesidad de enmendar el itinerario original. En efecto, el gobierno había postulado su más alta prioridad en torno al combate a la delincuencia y a la protección de la niñez, temas donde justamente ha incidido en forma negativa la medida adoptada. Desde luego, el gobierno debe priorizar lo más urgente, pero también cuidar que sus decisiones (o no decisiones) dañen su capacidad para continuar con aspectos más medulares de su programa. En particular, es importante reseñar que el otro eje crucial del programa se refiere a lograr mayor crecimiento y estabilidad económica, mientras que el efecto negativo de las medidas adoptadas (o no adoptadas) dañan severamente las expectativas y el logro de mejores indicadores de inversión y empleo.
Pero hay todavía una cuarta incógnita que afecta a la república. Se refiere al porqué hay total ausencia de propuestas desde la izquierda al actual gobierno. Hasta se mencionan tempranas posibles candidaturas presidenciales, que más reinventan un pasado que abrir las compuertas a visiones y propuestas de futuro que permitan avanzar y construir. Todo esto lleva a una severa desorientación de la ciudadanía, enmarcada en un cuadro de protesta que se activa de manera visible y que perjudica los aspectos más esenciales del programa con que asumió el actual mandatario. Es urgente superar esta crisis que está dañando estructuralmente a la economía chilena y para ello se requiere urgente acción del gobierno como asimismo de propuestas claras y constructivas de la oposición.
Prof. Luis A Riveros
IEIPP Universidad del Alba