​Un Estado del siglo XXI y una economía del siglo XX

La OCDE ubicó a Chile entre los diez gobiernos digitales más avanzados del mundo. El resultado sorprende, porque la experiencia ciudadana aún está lejos de ser plenamente digital y la Ley 21.280 —que exige que todos los trámites del Estado sean electrónicos en 2027— avanza, pero no al ritmo necesario para cumplir ese plazo. ¿Cómo se explica esta aparente contradicción?

La clave es que la OCDE no mide cuántos trámites están digitalizados, sino la arquitectura que permite que un Estado opere digitalmente. Y en esa arquitectura Chile ha construido algo excepcional para un país de ingreso medio: gobernanza de datos, interoperabilidad masiva y estándares comunes para toda la administración pública.

Hoy más de 560 organismos públicos están integrados a la red de interoperabilidad (Plataforma de Interoperabilidad de Servicios Electrónicos del Estado, PISEE) y procesan más de 550 millones de transacciones anuales. Esa infraestructura permite que los servicios conversen entre sí sin pedirle al ciudadano certificados, fotocopias o antecedentes. La interoperabilidad no nació masiva: en 2010 solo siete instituciones estaban conectadas; en 2011 ya eran 43. Esa expansión inicial creó la masa crítica que permitió desarrollar catálogos, trazabilidad y normas técnicas. Es esa columna vertebral la que la OCDE premia. Tuve el honor de ser parte del equipo que dio ese impulso inicial.

La digitalización de trámites avanza, pero más lento. El Estado tiene más de 3.500 trámites orientados al ciudadano y más de 10.000 procedimientos internos. En total ejecuta decenas de millones de trámites al año. Los más de cuatro millones que hoy se realizan digitalmente representan un avance real, pero solo una fracción del universo total. La arquitectura está instalada; la cobertura aún es parcial.

La OCDE reconoce la capacidad estructural del Estado. La ciudadanía evalúa la experiencia. Y ahí está la brecha: Chile tiene un Estado digitalmente maduro, pero una experiencia ciudadana aún en transición.

Las 550 millones de transacciones interoperadas tienen un impacto que casi nadie ha cuantificado. Si cada trámite presencial evitado implica al menos un viaje en transporte público, con un costo conservador de US$ 1, el resultado es directo: la interoperabilidad le ahorra a la ciudadanía del orden de US$ 550 millones al año solo en transporte.

Es un dividendo anual, recurrente y masivo, que no aparece en los balances fiscales, pero que mejora la vida cotidiana de millones de personas. Para las empresas, el ahorro potencial es del mismo orden de magnitud: pago de IVA, declaración de renta, permisos, certificaciones y autorizaciones que antes exigían presencia física y tiempos muertos.

Pero el mayor potencial económico está en los procedimientos internos. El Estado ejecuta más de 20 millones de trámites internos al año. Cada uno toma unos 20 minutos cuando es manual. La digitalización reduce ese tiempo a la mitad. Si Chile completara la digitalización interna exigida por la Ley 21.280, podría ahorrar más de 3,3 millones de horas-hombre al año, equivalentes al trabajo anual de más de 1.600 funcionarios. Es un impacto estructural, silencioso y al alcance de la mano.

Chile llegó a estar cuarto en el mundo en el Digital Government Index de la OCDE cuando el índice medía principalmente arquitectura digital. En la versión más reciente, más exigente y con más países avanzando, Chile aparece décimo. En ambos casos, la OCDE evalúa la capacidad estructural del Estado, no la experiencia ciudadana ni el número de trámites digitalizados. No es que retrocediéramos: otros avanzaron más deprisa.

La paradoja es clara: el Estado avanza rápido; la economía avanza lento. La inteligencia artificial está en la conversación de todos, pero en la práctica de pocos. La razón es más profunda que la brecha entre grandes empresas y pymes. Durante tres años vendí soluciones de inteligencia artificial a compañías grandes, y la experiencia fue siempre la misma: mucho interés, muchas reuniones, muchas presentaciones… pero a la hora de aprobar un proyecto —es decir, de invertir— el silencio. La conversación está madura, pero la inversión no. Las empresas enfrentan costos de adopción, falta de talento digital, sistemas internos que no conversan entre sí y una cultura que privilegia la operación diaria por sobre la transformación. La tecnología existe, pero no encuentra terreno fértil para escalar.

La transformación digital chilena ya no es promesa: es política pública en ejecución. El desafío ahora es que la experiencia ciudadana alcance a la arquitectura, que las empresas alcancen al Estado y que empecemos a medir —con la misma seriedad— el ahorro que la digitalización ya genera para las personas y para la economía.

Un país digital no se construye solo con trámites electrónicos ni con algoritmos avanzados, sino cuando Estado y empresas avanzan a la misma velocidad.

Alfredo Barriga

Profesor UDp

Autor de “Futuro Presente: cómo afectará mi vida la nueva revolución digital”, publicada en Amazon, con prólogos del ex presidente Sebastián Piñera y de Sebastián Edwards

Datos duros de la transformación digital en Chile:

🔹 550 millones de transacciones interoperadas al año Flujo de datos entre más de 560 organismos públicos.

🔹 US$ 550 millones de ahorro anual para la ciudadanía Cada trámite presencial evitado equivale a un viaje de US$ 1.

🔹 3,3 millones de horas-hombre liberadas en el Estado Equivalentes al trabajo anual de más de 1.600 funcionarios.

🔹 4 millones de trámites ciudadanos digitalizados Un avance real, pero aún parcial.

🔹 3.500 trámites ciudadanos + 10.000 procedimientos internos El Estado ejecuta decenas de millones de trámites al año.