​Dificultades de trazabilidad de pagos y compromisos suman presión a los sectores de construcción e infraestructura

La Cámara Chilena de la Construcción proyecta que la inversión sectorial crecerá entre 2,5% y 4,5% este año. En el mismo informe, el gremio identifica entre los riesgos que podrían frenar esa recuperación los eventuales nuevos ajustes presupuestarios, los atrasos en pagos y la ejecución deficiente de los recursos públicos. Los atrasos en los pagos y los problemas en la ejecución de los recursos no son riesgos macroeconómicos: son contractuales. 

Los datos disponibles apuntan en la misma dirección. Según el informe estadístico del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago correspondiente a enero–junio de 2026, el sector inmobiliario encabeza los arbitrajes nacionales con un 27,9%, seguido por construcción e infraestructura con un 17,7%. En el frente internacional, de las cinco solicitudes ingresadas en el período, la mayoría se asocia a contratos de construcción, con cuantías que llegan a US$ 10,5 millones.

A eso se suma el comportamiento de la cadena de pagos. El Ranking de Pagadores de la Bolsa de Productos, con datos entre julio de 2025 y junio de 2026, sitúa el plazo promedio general de pago en 44 días —catorce por sobre el máximo legal—, con las pymes en 44 días y las grandes empresas en 47.

“Una industria que concentra ese volumen de arbitrajes, es la consecuencia de problemas que comenzaron mucho antes, cuando no se hizo un seguimiento adecuado del estado de pago, el reajuste, la obra extraordinaria o el plazo. El contrato se firma, pero las obligaciones continúan y requieren una gestión permanente”, señala la Country Manager Chile de Webdox, Paulina De la Fuente. 

Esta ineficiencia tiene un impacto económico global: investigaciones de World Commerce & Contracting y Deloitte Legal estiman en un 8,6% el valor que las organizaciones pierden a lo largo del ciclo de vida de sus contratos por deficientes prácticas de gestión.

Esta falta de administración posterior a la firma tiene un reflejo directo en la estructura de la cadena de pagos. En el Registro de Acuerdos con Plazo de Pago Excepcional del Ministerio de Economía, construcción aparece como el tercer rubro comprador del país, con 20.305 acuerdos inscritos entre mayo de 2019 y julio de 2026, detrás de agricultura y comercio. Como vendedor, el mismo sector registra 3.106. Es decir, la construcción inscribe más de seis veces más acuerdos para extender sus plazos de pago hacia abajo en la cadena que para recibirlos.

La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, vigente desde septiembre de 2025 y en pleno año de implementación, modificó la Ley de Delitos Económicos y convirtió la gestión de esas autorizaciones en un área de riesgo penal, con foco en industrias reguladas como infraestructura y construcción. Buena parte de la información que llega a la autoridad en un proyecto de obra no la produce la empresa titular: la producen proyectistas, inspectores técnicos, laboratorios y especialistas, todos vinculados por contrato.

"En un proyecto de obra conviven decenas de contrapartes, y cada una genera obligaciones con fecha", agrega Paulina De la Fuente. "El desafío para las empresas en Chile ya no es firmar bien, es saber en qué estado está cada uno de esos compromisos en un momento dado. Esa trazabilidad dejó de ser una buena práctica administrativa y pasó a ser una condición de operación”.