Señor Director:
El nuevo plan penitenciario responde a una urgencia impostergable. Sumar 20 mil plazas, ampliar recintos y recurrir a las concesiones permitirá acelerar inversiones y recuperar segmentación y control. Pero construir más debe ir acompañado de mejores contratos.
La nueva generación de concesiones no debiera limitarse a exigir disponibilidad y cumplimiento de servicios. Es positivo que el plan considere incentivos para que las concesionarias mejoren la operación. Su remuneración podría vincularse a indicadores verificables de mantenimiento, alimentación, salud, seguridad tecnológica, capacitación laboral y continuidad de los programas de reinserción.
Esto no significa privatizar la política penitenciaria. La custodia, la disciplina, la clasificación de los internos y la vigilancia penal deben permanecer en Gendarmería. Significa emplear bien la colaboración público-privada: el Estado define los resultados, fiscaliza y sanciona; el concesionario cuenta con incentivos para innovar y cumplir.
Paulo Muñoz
Asesor Consejo de Políticas de Infraestructura
