Infraestructura, clave para el crecimiento y empleo
Se ha instalado con fuerza la evidencia de que Chile atraviesa un complejo momento fiscal, cuyas repercusiones ya comienzan a golpear un área crítica: la inversión promovida por el sector público. En un escenario donde el país enfrenta urgentes desafíos de crecimiento y un debilitado mercado laboral, las decisiones gubernamentales deberían estar alineadas para revertir esta tendencia, pues la inversión pública tiene un impacto inmediato sobre la generación de empleo.
Esperar que el sector privado reaccione por inercia a los estímulos tributarios o a las medidas que facilitan los permisos tomará tiempo, un hecho que el propio gobierno ha reconocido. Mientras tanto, las proyecciones de la Cámara Chilena de la Construcción son alarmantes: la inversión con recursos públicos caerá un 12% respecto al año anterior. Aunque el aumento proyectado en empresas autónomas y concesiones logra mitigar parte del golpe, el saldo final sigue siendo una inversión pública neta negativa del 5%. En términos prácticos, esta caída significa unos $600 mil millones en la economía, lo que podría traducirse en la destrucción de 20 mil empleos anuales.
La lógica dicta que esta contracción debería ser compensada agresivamente mediante el sistema de concesiones. Consciente de las limitaciones fiscales, el propio Presidente de la República instó en el seminario Infra Chile 2026 a desatar un “tsunami de inversión en infraestructura” para recuperar el ritmo de desarrollo. El mensaje parecía claro: una parte importante de ese esfuerzo debe ser asumido por el sector privado.
Pero esta señal no ha tenido su correspondencia práctica y el caso de la Región del Biobío es la mejor encarnación de estas señales confusas.
Recientemente, el Ministerio de Hacienda tomó la decisión de no cursar un contrato de concesión para la ejecución de al menos dos corredores viales y obras complementarias de transporte público en el Biobío, por unos US$ 400 millones, que incluyen inversión, mantenimiento y operación de la red. Es preciso destacar que esta iniciativa ya había sido aprobada por los organismos técnicos y refrendada por el anterior ministro de Obras Públicas.
Para quienes conocen la región estos proyectos son una contribución muy importante a la descongestión que afecta los accesos a la ciudad, con una alta rentabilidad social e impactos productivos muy sustantivos. ¿El argumento aparente? Evitar los compromisos de pago que el Estado tendría que asumir por 20 años -a partir del quinto año de adjudicación del contrato-, tras la adjudicación.
Lo difícil de entender de esta decisión es la “solución” adoptada. Tras desechar la concesión, se convino con la región que estos mismos proyectos se ejecutarán con recursos públicos en los mismos plazos. Es decir, en un escenario de extrema estrechez fiscal, el Estado opta por disponer de sus recursos escasos en forma anticipada, Y a mayor abundamiento, no queda claro de donde saldrán los recursos para la mantención y operación futura de las obras que la concesión cubría a lo largo de los 20 años del contrato.
Este cambio de reglas se agrega a problemas que ya afectan a la industria como es la incerteza en los plazos de aprobación de los proyectos y el inicio de las obras, lo que resta atractivo frente a los financistas. De igual forma, hay otras dificultades que están haciendo cada vez más incierto el repago de los compromisos contraídos, como es la evasión que afecta al sistema, la que en muchos casos supera el 15% de lo facturado.
No debemos olvidar que Chile compite duramente por la atracción de capitales con otros países que muestran mucha más agresividad y compromiso estatal por generar condiciones favorables para la inversión en infraestructura pública a través de esta modalidad.
Frenar en seco un proyecto de esta magnitud en el Biobío es una paradoja mayúscula. No se puede sostener el compromiso de impulsar la inversión en infraestructura pública a través del sistema de concesiones como forma de complementar la inversión con recursos públicos, mientras en la práctica se toman decisiones sin una buena explicación, que revocan decisiones técnicamente aprobadas. Esto solo ponen en riesgo las propias metas de crecimiento del gobierno y agravan los problemas de empleo que aquejan a los trabajadores.
