Ultimar una grave amenaza
Poca duda cabe acerca de la extrema urgencia que para la ciudadanía envuelve el tema seguridad. La delincuencia común y aquella organizada por medio del narcotráfico, se han transformado en los principales problemas que afectan a la nación que amenazan la vida diaria de personas, familias y comunidades enteras. Se ha hecho ya costumbre la información sobre actos de violencia, robos, violación de viviendas, asesinatos y un largo listado de delitos vinculados a la acción de grupos y personas a menudo no identificadas. Lo que es más, los delitos asociados al narcotráfico se han hecho también una costumbre, incluyendo la manera en que invaden espacios otrora respetados como los establecimientos educacionales. Lo más grave, es que muchas veces todo esto envuelve a niños y adolescentes reclutados por las mafias delictuales. Los programas matinales de la televisión han hecho lo suyo informando sistemáticamente acerca de los hechos del día o la noche anteriores, haciendo cundir aún más la alarma de la población y colaborando a expandir el sentimiento de inseguridad que reina en forma generalizada.
La crueldad y desaprensión con que actúan los delincuentes despiertan aún más inquietud en la ciudadanía que trata de desarrollar su vida de la manera más normal posible. Los esfuerzos policiales se hacen insuficientes ante la magnitud del problema, y a menudo se estrellan contra las decisiones de un sistema judicial que no actúa con la severidad y drasticidad que los hechos perseguidos ameritan; la ciudadanía percibe que los delincuentes están en libertad prontamente. Al sentimiento de que la justicia no funciona, se encuentra la información sobre la escasa disponibilidad de recintos penitenciarios, expediente a menudo mencionado para entender la percibida baja eficacia de los mecanismos judiciales. Los esfuerzos policiales son evidentes y bien apreciados por la ciudadanía, pero existe la sensación de que no son suficientes frente a la magnitud del problema que se enfrenta. Por lo demás, es también claro que la operatividad policial se contrapone con los límites en sus atribuciones y real capacidad operativa.
Por esa razón la iniciativa consistente en más de 30 proyectos que el gobierno ha enviado al Congreso con relación a seguridad ciudadana tiene amplia acogida en la población. Una reciente encuesta revela que las medidas de esta agenda de “mega seguridad” que mayor apoyo tienen son el aumento de las penas para quienes recluten a menores de edad para cometer delitos (88%) y mantener un despliegue policial permanente en los 50 barrios más críticos del país (84%). Además, un significativo porcentaje (76%) está de acuerdo con permitir que las FF.AA. apoyen a Carabineros en operaciones contra el crimen organizado. Además, un 70% manifiesta acuerdo con interceptar telecomunicaciones dentro de ciertos sectores, 49% con restringir temporalmente la libertad de tránsito en determinados barrios y 41% con limitar la libertad de reunión en determinados sectores. El gobierno también ha propuesto crear un quinto estado de excepción de “seguridad pública” para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo, facilitando la salida de militares a la calle; e incorpora como deber del Estado el resguardar la seguridad pública, protegiendo a la población y la familia.
La izquierda ha rechazado de modo general esta iniciativa. Por supuesto, hay que decirlo, sin proponer nada en su lugar excepto repetir conceptos que provienen más bien de ideología, que de una actitud pragmática frente a la violencia y usurpación que trae consigo el delito, además del poderoso efecto negativo en la niñez y la juventud de males como el consumo de droga y su mercantilización. Esto tiende a ratificar el rechazo por parte de una población que, en ausencia de propuestas diferentes, apoya aquello que hace más sentido frente a sus evidentes e impostergable necesidad de mayor seguridad y orden. Ultimar la vigencia del delito en nuestra sociedad es imprescindible, y el país espera una discusión sobre los articulados propuestos en forma concordante con la urgencia que el tema amerita.
Prof. Luis A. Riveros
Emérito Universidad de Chile
