La universidad se ha desarrollado en el mundo cimentada en dos condiciones sine qua non. Por una parte, la existencia de un sistema que reconoce el seniority académico y por otra, la participación de la comunidad académica en la definición de las orientaciones estratégicas y del propio gobierno universitario. El seniority se define por el nivel de experiencia y especialización de un docente o investigador, lo cual determina su autonomía, liderazgo, responsabilidad intelectual, producción científica y la mentoría que un académico debe ejercer en la universidad. Ese reconocimiento es otorgado a través de un comité de pares, constituido en instancia de jerarquización académica, la que puede dar paso a otorgar diversos niveles de seniority, como son usualmente los de ayudantes y profesor asistente, asociado o titular. Esto constituye un sistema básico en cualquier universidad a la cual se reconozca por la relevancia de su trabajo académico. Y se trata de auspiciar el cumplimiento de esta carrera académica a través de un sistema independiente de jerarquización y de políticas activas de estímulo a la investigación y la docencia, cuyo mérito debe ser establecido por las debidas instancias académicas en el fuero interno. Por cierto, siempre habrá tentación por intervenir este sistema, por ejemplo, para que la institución universitaria aparente un cuerpo académico de mayor seniority, como también en la idea de eliminar la relativa inamovilidad que deben tener los académicos de más alta jerarquía y que suele incomodar a algunos “gestores”, quienes tienen otras prioridades no necesariamente las estrictamente académicas. No son pocos los casos de instituciones universitarias que practican sistemas electorales limitados para elegir a sus autoridades intervienen abiertamente en el pronunciamiento del estamento académico y hacen caso omiso del seniority para manipular los resultados acordes a las aspiraciones de grupos de poder.
No se trata de que los profesores de las más altas jerarquías deban ser considerados “inamovibles”, pero sí se trata de que los gestores tengan que proporcionar justificación adecuada para desvincular a un académico con reconocido “merito académico”. De otra forma, la gestión desvirtúa la jerarquización académica y la transforma en un simple artilugio administrativo, especialmente cuando ello trasluce una restricción a la libertad de pensamiento.
Por esa razón, es también aconsejable que la gestión sea ejercida por un par académico, dentro de un sistema transparente y normado de jerarquización, pues su juicio estará fundado en el respeto por la trayectoria académica. Desde esta perspectiva, un efectivo sistema de carrera académica resulta esencial para la sostenibilidad del proyecto universitario y debiera constituir un criterio relevante en los procesos de acreditación institucional. La relevancia de estos principios trasciende el ámbito interno de las universidades. Cuando el mérito académico deja de orientar las decisiones institucionales o se debilita la participación de la comunidad universitaria, se resienten la calidad de la docencia, la investigación y la formación de los estudiantes. En consecuencia, la sociedad recibe profesionales formados en instituciones cuya excelencia académica puede verse comprometida.
El segundo requisito para una debida gestión se refiere a la participación académica en las decisiones estratégicas. Una forma de garantizarla es a través de la elección de autoridades intermedias con participación de los académicos de las más altas jerarquías. La participación de estas autoridades puede constituir las instancias de debate que necesita una universidad para fijar sus caminos de desarrollo y los planes de desarrollo no sean solamente una “comunicación de arriba hacia abajo”. La elección de autoridades debe ocurrir de manera normada y sus resultados deben respetarse a fin de garantizar la estabilidad y credibilidad del sistema de gestión universitaria. Cuando una autoridad electa es “removida” por decisión de un gestor, lo que se cuestiona es la decisión de un cuerpo académico constituido, implicando un abierto cuestionamiento al seniority y al sistema de jerarquización que debe existir en una universidad. Usualmente, como instrumento de “control político” este tipo de intervención desnuda a la universidad en cuanto a la solidez de sus fundamentos propiamente académicos.
Las universidades deben madurar para alcanzar el nivel de excelencia que la sociedad merece, más allá de indicadores específicos de eficiencia “productiva”. Cabe señalar que las universidades tradicionales cuentan con sistemas establecidos y respetados de jerarquización, así como con normas relativas a la designación de las autoridades superiores e intermedias. Para ello, es vital que sean instancias de reflexión y propuesta en todo campo relevante, lo cual requiere el apego al seniority y la participación académica como herramientas primordiales que cimentan su hacer.
Prof. Luis A. Riveros, Profesor Emérito, Universidad de Chile;
Prof. Nassib Segovia, especialista en educación superior, académico UNIACC.