Productividad económica & bienestar laboral

Las recientes recomendaciones de la Mesa de Reactivación Laboral de ampliar el ciclo de cálculo de las 40 horas (de cuatro a hasta 52 semanas, en algunos sectores y a 16 en otros) buscan otorgar mayor flexibilidad a las empresas y trabajadores. Esta propuesta ha generado un fuerte debate público y reabre la vieja discusión sobre la relación entre productividad laboral y bienestar de los trabajadores. Por un lado, el razonamiento económico exige maximizar el rendimiento del trabajo, aumentar la competitividad y sostener el crecimiento, mientras que la dimensión social y humana demanda condiciones dignas, equilibrio entre vida personal y laboral, y protección frente a la precariedad.

En Chile, esta tensión constante, se debe en gran parte a la estructura productiva del país, altamente dependiente de sectores extractivos y de servicios de baja productividad, a la informalidad y la concentración territorial de oportunidades en la Región Metropolitana y a la escasa diversificación productiva en regiones, todas variables que  refuerzan un círculo poco virtuoso, en el que los trabajadores enfrentan largas jornadas y bajos salarios, además de la consolidación de territorios periféricos que no logran consolidar un desarrollo equilibrado.

De acuerdo con los datos recientes del Banco Central y del INE muestran que la productividad laboral en Chile ha crecido apenas un 0,5% promedio anual en la última década, muy por debajo de países de la OCDE. Al mismo tiempo, la Encuesta Nacional de Empleo indica que más del 25% de los trabajadores declara jornadas superiores a las 45 horas semanales, con fuerte concentración en comercio, transporte y servicios básicos. Territorialmente, la Región Metropolitana concentra más del 50% del empleo formal, mientras que en algunas regiones como Maule, Ñuble y Biobío exhiben tasas de informalidad superiores al 35%. Este contraste evidencia que la tensión entre productividad y bienestar no solo es sectorial, sino también territorial. Mientras algunos polos urbanos avanzan en servicios de mayor valor agregado, vastas zonas del país siguen atrapadas en empleos precarios.

Asimismo, el análisis territorial revela además que las políticas de bienestar laboral -como la reducción de jornada o el fortalecimiento de la negociación colectiva- tienen impactos diferenciados. En regiones con alta dependencia de la agroindustria o la pesca, la reducción de horas sin mejoras en productividad puede traducirse en pérdida de competitividad y empleo. En cambio, en áreas metropolitanas con sectores de servicios avanzados, la reducción de jornada puede favorecer la innovación y el equilibrio vida-trabajo. La clave está en reconocer que la tensión productividad-bienestar no se resuelve con una política uniforme, sino con estrategias diferenciadas según la estructura productiva y las condiciones territoriales.

En este escenario territorial y productivo, resulta inevitable levantar una crítica hacia los empresarios. La discusión sobre productividad no puede seguir reducida a la flexibilidad laboral o a la extensión de los ciclos de cálculo. Lo que falta es aumentar la inversión en innovación, diversificación productiva y formación de capital humano, especialmente en regiones rezagadas. Sin un compromiso real del sector privado por transformar la matriz productiva, la reducción de jornada se convierte en un ajuste cosmético que no resuelve la precariedad ni eleva la competitividad. La responsabilidad empresarial no es solo aprovechar la flexibilidad normativa, sino invertir en el desarrollo territorial y en la creación de empleos de calidad.

El desafío, entonces, es avanzar hacia un pacto territorial por la productividad y el bienestar. Este debe basarse en políticas que fomenten la inversión y en políticas laborales adaptadas a las realidades productivas de cada región, evitando soluciones homogéneas; promoviendo la diversificación productiva en territorios rezagados, incorporando innovación tecnológica y cadenas de valor locales; fortaleciendo la infraestructura social como condición inicial para que el bienestar no dependa solo del salario e impulsar una negociación entre trabajadores y empleadores que equilibre productividad con incentivos y calidad de vida.

Américo Ibarra Lara

Director Instituto del Ambiente Construido

Observatorio en Política Pública del Territorio

Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido

Universidad de Santiago de Chile