Informe CPI alerta sobre brechas crecientes en ejecución de inversión pública
Durante 2006-2019, el Estado ejecutó en promedio 96% de lo presupuestado. Desde 2020, esta cifra se sitúa en 82,6%, registrando el punto más bajo en 2023 con 83,7%. Si bien los presupuestos de inversión crecieron 5,6 veces en el período (contra un crecimiento del PIB de 4,2 veces), la ejecución real solo creció 4,9 veces: existe una brecha que debe cerrarse.
"Los presupuestos de inversión han crecido, pero la brecha entre lo que prometemos invertir y lo que realmente ejecutamos ha aumentado desde 2020. Esto no debiera ser un problema administrativo menor: es la expresión de una visión muy optimista de lo que es posible ejecutar y eso afecta las expectativas”, señaló Carlos Cruz, director ejecutivo del CPI.
El Ministerio de Obras Públicas, que concentra el 35% de la inversión pública, es el principal factor en esta desalineación. Desde 2020, ejecuta consistentemente menos del 90% de su presupuesto, con el punto más crítico en 2023 cuando apenas alcanzó 76,5%. El informe sugiere que esta brecha responde a una desproporción entre el crecimiento de presupuestos (96% entre 2019-2023) y el crecimiento de capacidad institucional (4,9% en personal). Esto señala la necesidad de evaluar si los aumentos presupuestarios están acompañados de fortalecimiento institucional real, incluyendo recursos humanos, procesos y coordinación interinstitucional.
Por el contrario, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ejecuta consistentemente 98-99% de su presupuesto, demostrando que es posible mantener alineación entre asignación y ejecución cuando las prioridades de la política pública están bien definidas. El CPI recomienda estudiar en profundidad este desempeño para identificar e implementar buenas prácticas transferibles a otros ministerios, particularmente en materia de gestión de proyectos y ejecución de transferencias de capital.
El sector Educación también merece atención prioritaria. Sus inversiones bajaron de 0,3% del PIB en 2006 a 0,1% en 2025, con tasas de ejecución que apenas alcanzan 82%. El informe sugiere que esto refleja cambios discontinuos en prioridades políticas a través de los diferentes gobiernos, evidenciando la necesidad de establecer acuerdos de largo plazo sobre inversión en educación independientemente de cambios de administración o buscar otras formas de financiamiento y ejecución de lo proyectos que la educación necesita en Chile.
Ante estos hallazgos, el CPI propone que el Estado adopte marcos de inversión plurianuales que reduzcan la variabilidad anual y permitan a los ministerios planificar con horizonte de mediano plazo, contratar personal especializado y mantener equipos técnicos sin interrupciones. Asimismo, recomienda realizar diagnósticos de capacidad de ejecución antes de asignar presupuestos, especialmente en inversión directa, y evaluar si los procesos de licitación, permisos y coordinación entre instituciones constituyen cuellos de botella que impiden que proyectos "listos para ejecutar" se materialicen.
El CPI enfatiza que la inversión pública necesita estabilidad de largo plazo, alineamiento entre presupuestos y capacidad institucional, y continuidad de objetivos sectoriales. Estos elementos no son obstáculos administrativos, sino condiciones fundamentales para que cada peso invertido genere impacto real en servicios e infraestructura para los ciudadanos.
