(www.camara.cl)
Por 8 votos a favor, 2 en contra y tres abstenciones, la Comisión de Trabajo aprobó en general el proyecto (boletín 17914) que modifica el Código del Trabajo para calificar el uso indebido de licencias médicas como falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones.
La iniciativa establece, expresamente como falta de probidad, la presentación de licencias médicas que no respondan a la dolencia invocada o que sean falsas. Asimismo, presume dicha falta cuando el trabajador incumple el lugar de reposo indicado en la licencia.
También faculta al empleador para solicitar antecedentes que permitan verificar el otorgamiento y cumplimiento de la licencia médica. No obstante, establece el deber de resguardar la reserva de la información y limita su utilización a eventuales procesos judiciales derivados de la impugnación de un despido.
El grupo parlamentario fijó como plazo para la presentación de indicaciones el próximo viernes 24 de julio. Asimismo, acogió la sugerencia de la diputada Gael Yeomans de conformar una mesa de trabajo durante estas semanas que siguen, para acercar criterios en torno al articulado, tomando en consideración las opiniones entregadas en las audiencias previas.
Opiniones parlamentarias
La diputada Yeomans dijo que el proyecto tiene un propósito que comparte. Empero, justificó su abstención en que hay elementos en el actual texto que pueden alterar el derecho de presentar una licencia médica, puntos que espera se puedan mejorar en la discusión en particular.
Para Patricio Pinilla, es relevante que haya un debido proceso y resaltó la importancia de la fiscalización. Pero también argumentó que mantiene dudas de si es necesario legislar sobre la materia, habiendo normas vigentes que pueden apelarse en la materia.
Los diputados José Carlos Meza y Héctor Ulloa valoraron las propuestas de perfeccionamiento planteadas por el subsecretario Rosende. Destacaron puntos como la diferenciación entre licencia rechazada y licencia fraudulenta, la fijación de plazos, la protección de datos personales, el respeto al debido proceso y reducir la judicialización.
Luis Alberto Cuello y Nelson Venegas, en tanto, expresaron reparos a la iniciativa. Por ejemplo, se estimó que se tiende a estigmatizar a un trabajador por enfermarse. De igual modo, estimaron que se puede transgredir el secreto de datos personales. También señalaron que ya hay causales establecidas para perseguir las licencias médicas fraudulentas.
Subsecretaría del Trabajo y Multigremial G7.
Como últimos testimonios, la comisión recibió la opinión del subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende; y de la Confederación Fenats Unitaria – Multigremial G7.
El representante del Ejecutivo dijo que valoran la intención de tener certeza jurídica, dado que la ley actual no hace referencia expresa a la conducta de uso indebido de licencias médicas, lo que ha generado diferencias de apreciación en los tribunales. Sin embargo, planteó que se debe revisar cuál es el mecanismo normativo más adecuado para definir la causal y la sanción.
En tal línea, estimó que se deben mejorar ciertos aspectos como la delimitación de las conductas. Precisó que el concepto de “dolencia invocada”, por ejemplo, puede presentar dificultades interpretativas en su aplicación. En su reemplazo sugirió poner parámetros objetivos apelando a una norma ya vigente (art. 55 del DS 3, de 1984, del Minsal), que opera como un estándar reglamentario para la Compin y las isapres para rechazar o invalidar ciertas licencias médicas que llegan a su conocimiento.
En relación al incumplimiento del lugar de reposo, consideró importante contemplar que éste sea “injustificado”, porque puede haber situaciones, por ejemplo de emergencia, que justifiquen dicho incumplimiento.
Sobre quién determinará si existe una infracción o no, evaluó que debiera corresponder a los organismos técnicos competentes: la Compin o las isapres. Además, dijo que esto permitiría mantener reserva de los datos personales, siendo entregado al empleador solo la referencia de la infracción. Junto a esto, planteó fijar plazos para invocar la causal y para que se verifique la vulneración de la norma.
Por su parte, la Multigremial G7 presentó su objeción a la propuesta en los términos planteados, aunque respaldó la idea de que se persiga el fraude y se fomente la fiscalización. Se sostuvo que esto no debe significar una disminución de derechos laborales o castigar a quienes realmente se enferman y presentan licencias médicas.
Se insistió en que un sistema de seguridad social fuerte se construye con fiscalización efectiva, debido proceso garantizado y respecto por la dignidad de las personas. “Sí a la fiscalización, no al castigo”, sentenció el presidente del organismo, Ricardo Ruiz.