Hace unas semanas se desató la polémica por la decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII) de exigir el pago de IVA a las plataformas de apuestas en línea que operan en nuestro país.
La controversia no solo surge por el principio de que las rentas provenientes de actividades no reguladas e ilegales deben pagar impuestos, sino que fundamentalmente porque se obliga a pagar los últimos treinta y seis meses, en circunstancias que una resolución del mismo SII, de marzo de 2023, imposibilitó a estas empresas para declarar y pagar el IVA durante el tiempo que duró su vigencia.
En una columna de opinión, el abogado Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile afirmó que “lo cierto es que a ningún contribuyente se le puede pedir que pague el impuesto –con los reajustes, intereses y multas que corresponden- cuando estuvo en imposibilidad material de hacerlo”. Similar postura tiene el abogado tributario Paris Norambuena, quien sostiene que el aspecto más contradictorio de la medida es la retroactividad, basándose en el artículo 26 del Código Tributario y el principio de confianza legítima en la administración del Estado. “Dado que el Servicio de Impuestos Internos previamente impidió a estas empresas cumplir con la normativa al calificarlas como ilícitas, es jurídicamente cuestionable exigirles el pago por periodos anteriores en los que no pudieron cumplir con sus obligaciones”, sostiene.
Además, Norambuena advierte que la Resolución 69 es incompleta técnicamente, ya que no define cómo se debe calcular la base imponible del IVA. “Aplicar el impuesto sobre el total de la apuesta, cuando esta no representa el valor agregado real que la casa de apuestas genera -al tener que devolver una parte importante a los apostadores ganadores es, en principio, cuestionable y es una situación que debería ser determinada exclusivamente por la ley y no por regulación administrativa”.
La resolución ya fue publicada en el Diario Oficial, mientras la Contraloría General de la República la está revisando a petición de algunos parlamentarios. Aún no existe claridad respecto a cómo se va a concretar lo establecido por el SII, teniendo en cuenta que no existe una ley que regule a la industria de las apuestas en línea. Los expertos coinciden en que la falta de un marco regulatorio claro desincentiva la inversión extranjera a largo plazo - no solo en esta industria - y anticipan una probable judicialización del cobro tributario ante los tribunales competentes.