Con 106 votos a favor, 29 en contra y una abstención, la Sala respaldó el Acuerdo 18, a través del cual se expresa la preocupación de la Cámara por el término del Programa Mujeres Rurales, ejecutado mediante el convenio entre el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu).
Según se resalta en el documento promovido por Consuelo Veloso, Matías Fernández, Emilia Schneider, Constanza Schonhaut, Carolina Tello e Irací Hassler, se trata de una política pública que durante más de treinta años ha contribuido al fortalecimiento de la autonomía económica y el desarrollo productivo de miles de mujeres rurales y campesinas del país.
Dicha condición, sostuvieron, es indispensable para el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres. De tal modo, debilitar las herramientas destinadas a fortalecerla, “implica un retroceso en materia de igualdad de oportunidades, desarrollo territorial y justicia social”.
El texto explica que el citado programa permite que miles de mujeres rurales, campesinas, agricultoras, crianceras, artesanas, recolectoras y emprendedoras accedan a procesos de capacitación, acompañamiento técnico, fortalecimiento organizacional, apoyo productivo, asociatividad y comercialización. Esto contribuye al mejoramiento de sus ingresos y al desarrollo económico de sus comunidades.
Asimismo, el programa cumple un rol fundamental en la generación de liderazgos femeninos rurales, en el fortalecimiento de organizaciones territoriales y en la construcción de redes de apoyo que han permitido a miles de mujeres enfrentar condiciones históricas de exclusión económica y social.
Urgencia para proyecto que baja a 13 años responsabilidad penal
Además, la Sala aprobó la resolución 19 que pide al Presidente de la República asignar urgencia a la tramitación del proyecto que rebaja a 13 años la edad de responsabilidad penal adolescente.
La solicitud impulsada por las y los diputados Flor Weisse, Sergio Bobadilla, Daniel Lilayu, Cristóbal Martínez, Marlene Pérez, Guillermo Ramírez, Marco Antonio Sulantay y Hotuiti Teao -respaldada por 77 votos a favor, 40 en contra y 9 abstenciones- plantea que es necesario hacerse cargo de un problema que ha avanzado con los años que es el aumento de la participación de menores en delitos.
Al respecto, la resolución cita cifras del Ministerio Público que indican que 4.158 menores se vieron involucrados en delitos vinculados a organizaciones criminales en 2022, cifra que aumentó a 4.675 en 2023 y 4.966 en 2024.
Por ello, la resolución señala que se requiere modificar -con fines disuasivos- el régimen especial de responsabilidad penal bajando esta a los 13 años y aplicando el régimen penitenciario común a jóvenes entre 16 y 17 años que sean reincidentes o participen en delitos de mayor connotación social.
