La falta de gobernanza en el sector vivienda
Son múltiples son los factores que podrían explicar porque se ha debilitado el Estado para enfrentar y resolver, por décadas, el déficit de viviendas. Por identificar algunas, destacaría la desigualdad socioeconómica, la fragmentación institucional, ciclos político-cortoplacistas, limitaciones en financiamiento y la falta de coordinación entre actores públicos y privados. El resultado es visible: proliferación de campamentos, hacinamiento y una creciente sensación de exclusión territorial.
El Banco Central proyecta para 2026 un crecimiento del PIB entre 1,0% y 1,75%, acompañado de una inversión en formación bruta de capital fijo que apenas alcanza el 2,2%. El INE, por su parte, reporta una tasa de desempleo de 9,1% en el trimestre móvil febrero - abril, con un aumento del empleo informal. En este contexto, el sector construcción muestra un leve repunte. La inversión en vivienda crecería 3,7%, impulsada principalmente por la vivienda pública, que registra un alza que supera los dos dígitos (10%), mientras la privada apenas logra un 0,5%. Luego, la productividad sectorial depende cada vez más de la acción estatal, pero la falta de gobernabilidad limita su impacto.
La ausencia de un modelo estructural no permite evaluar cómo las variables institucionales, sociales y contextuales afectan los resultados de la política habitacional. La gobernanza, entendida como la capacidad de articular actores, estructuras y procesos en un contexto socioeconómico determinado, se convierte en un factor decisivo para transformar inversión en soluciones efectivas. Cuando la vivienda pública se dinamiza, el sector logra compensar la caída de la privada, pero este impulso requiere estabilidad institucional, financiamiento sostenido y mecanismos de coordinación que hoy son insuficientes.
La gobernabilidad habitacional incide en la productividad, el empleo y la cohesión social. Sin coordinación, los subsidios se diluyen, los proyectos se retrasan y la legitimidad de las políticas se desgasta. Con gobernabilidad, en cambio, la inversión pública puede convertirse en motor de empleo, la planificación urbana puede reducir desigualdades y la vivienda puede dejar de ser un problema crónico para transformarse en un pilar de desarrollo inclusivo.
Para avanzar en una solución se requiere un sistema integrado de gobernanza habitacional que articule ministerios, municipios y privados bajo metas comunes. Es prioritario agilizar permisos y trámites mediante tecnologías digitales, reorientar la inversión hacia vivienda social y proyectos urbanos que generen empleo directo, e incorporar criterios de sostenibilidad y economía circular en la construcción. A ello debe sumarse una política laboral activa que vincule programas de empleo a la construcción y vivienda, absorbiendo mano de obra en un contexto de alto desempleo.
La gobernabilidad en el ámbito habitacional requiere en un escenario económico de bajo crecimiento y desempleo elevado, fortalecer la coordinación institucional y reorientar la inversión hacia vivienda pública y sostenible para así transformar el déficit habitacional en una oportunidad de desarrollo democrático y sostenible.
Américo Ibarra Lara
Director Instituto del Ambiente Construido
Observatorio en Política Pública y Territorio
Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido
Universidad de Santiago de Chile
