La Comisión de Trabajo y Previsión Social, presidida por el senador Luciano Cruz Coke, asumió un liderazgo fundamental al organizar el seminario "Empleo Público", definido por sus integrantes como un "puntapié inicial" y un "momento indicado" para abordar una discusión postergada por décadas.
Ante la urgencia de actualizar un estatuto administrativo que no ha tenido cambios sustantivos desde 1989, la Comisión propició un espacio de diálogo transversal para enfrentar los "pecados de arrastre" del sistema actual.
Los senadores Luciano Cruz-Coke y Arturo Squella, subrayaron que esta instancia busca transparentar las excepcionalidades y explorar oportunidades para dotar al Estado de mejores capacidades para entregar prestaciones de calidad a la ciudadanía.
Con todo, el senador Cruz Coke declaró que la idea es avanzar hacia un sistema de empleo público que combine adecuadamente profesionalización, estabilidad, eficiencias y buen servicio hacia los ciudadanos. “Necesitamos un debate profundo, no podemos llegar tarde”, enfatizó.
Diagnóstico y propuestas para el empleo público
Durante el primer panel participaron María José Abud, directora ejecutiva del Centro de Estudios Horizontal; José Antonio Valenzuela, director ejecutivo Centro de Incidencia Pivotes; Enrique Rajevic, director ejecutivo del Centro de Estudios Espacio Público; Patricia Silva, coordinadora del Programa Laboral del Instituto Igualdad; y Francisco Neira, asesor del equipo legislativo ANEF.
Con matices, los expositores coincidieron en que el modelo actual es "el peor de dos mundos": con una entrada laxa y flexible, pero una salida extremadamente rígida que dificulta la desvinculación por mal desempeño.
Se expuso que el 58% de la dotación se encuentra bajo la modalidad de "contrata", lo que genera una alta precariedad laboral e incertidumbre regulatoria
Expertos de centros como Pivotes y Espacio Público advirtieron que la confianza ciudadana en los funcionarios públicos es una de las más bajas de la OCDE, y que la actual confusión entre "gobierno" y "administración" ha convertido los cargos públicos en posibles "botines políticos".
Se transparentó que en la actualidad no existe una real carrera funcionaria y existen problemas con las propias evaluaciones de desempeño, por lo que se instó a limitar los cargos de confianza, avanzar hacia un nuevo estatuto público, concursos públicos obligatorios, asegurar un moldeo de transición para que opere desde nuevos contratos, régimen especial aplicable a los funcionarios de gobierno, entre otros.
Puntos de encuentro: hacia un nuevo estatuto y el valor de la función pública
En el segundo bloque, el enfoque se centró en los puntos de encuentro para una futura reforma y participaron el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau; el presidente de la ANEF, José Pérez; y el director del Servicio Civil, Pedro Lea-Plaza.
Se afirmó que modernizar el empleo público “no es un ataque a los trabajadores, sino una vía para otorgar valor público y profesionalizar la gestión”.
Los ejes propuestos para el consenso incluyen, entre otros:
Mérito y transparencia: establecer concursos públicos obligatorios y trazables como puerta de entrada.
Nuevo régimen general: avanzar hacia un sistema único que elimine la distinción entre planta y contrata, protegiendo la estabilidad del funcionario bajo criterios de “evaluación honesta”; sin embargo también se advirtió que se deben reconocer las diferencias entre casa sistema.
El presidente de la ANEF, José Pérez, sostuvo que el debate sobre empleo público debe iniciar desde un diagnóstico adecuado respecto del Estado chileno y que la discusión sobre modernización no puede construirse desde la premisa de que Chile posee un Estado sobredimensionado, pues ello conduce a conclusiones equivocadas sobre los desafíos del sector público.
Recordó que el gasto público en Chile alcanza un 28,2% del PIB, muy por debajo del promedio OCDE de 42,6%, mientras que el empleo público representa menos del 10% del empleo total, frente a un promedio cercano al 18% en los países desarrollados.
"Los empleados fiscales están en cada rincón del país y son quienes enfrentan la adversidad cuando ocurren desastres naturales, emergencias sanitarias u otras contingencias. Fortalecer la institucionalidad pública es fortalecer la capacidad de Chile para responder de manera seria y responsable a las necesidades de sus ciudadanos", señaló tras señalar que el empleo público constituye una condición material indispensable para que los derechos sociales lleguen efectivamente a la ciudadanía.
El ministro del Trabajo adelantó que el 25 de junio está programada una mesa de trabajo para ahondar con la ANEF esta y otras materias.
