La Fiscalía General de Brasil se opone a la suspensión de la ley de reducción penas que beneficiaría a Bolsonaro
MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía General de la República (PGR, por sus siglas en portugués) de Brasil ha mostrado al Tribunal Supremo (STF) del país su oposición a la suspensión dictada por el propio STF el pasado mes de la llamada Ley de la Dosimetría, que permitiría la reducción de penas para los condenados por la trama golpista liderada por el expresidente Jair Bolsonaro, afectando también a este.
En un dictamen enviado al alto tribunal, el fiscal general, Paulo Gonet, ha alegado que la ley no puede considerarse inconstitucional simplemente porque permita la reducción de penas de los condenados: "No individualiza a los beneficiarios, no menciona a personas específicas, no se limita formalmente a los hechos del 8 de enero de 2023, ni condiciona su aplicación a la existencia de condenas específicas dictadas por el STF", ha argumentado Gonet.
El pronunciamiento llega algo más de un mes después de que el juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes suspendiera temporalmente la aplicación de la ley de la Dosimetría ante la interposición de un recurso directo de inconstitucionalidad, lo que a ojos del magistrado "constituye un hecho procesal nuevo y relevante que puede influir en la resolución de las solicitudes presentadas por la defensa"
El mes pasado, la Abogacía General de la Unión (AGU), órgano de representación legal del Ejecutivo, argumentó que la ley es inconstitucional. Según la AGU, los ataques contra la democracia deben recibir una respuesta firme dada la gravedad de la conducta.
El proyecto de ley de Dosimetría establece que las penas por los delitos de golpe de Estado y abolición violenta del Estado de derecho democrático no deben aplicarse de forma acumulativa cuando se cometan en el mismo contexto. El texto también prevé una reducción de la pena de entre uno y dos tercios para los delitos de intento de golpe de Estado o abolición cuando se cometan en grupo, siempre que el autor no haya financiado el acto ni ejercido un rol de liderazgo.
La medida beneficiaría a los condenados por la trama golpista contra el actual mandatario, Lula da Silva, entre los que destacan el expresidente Jair Bolsonaro, el excomandante de la Armada Almir Garnier, el exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira, el exministro de la Casa Civil Walter Braga Netto y el exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) Augusto Heleno.
