Baja en contribuciones tensiona la equidad territorial

La reciente propuesta de norma que eximiría del pago de contribuciones de la primera vivienda a los adultos mayores propietarios, si bien puede parecer un gesto de justicia hacia dicho grupo, podría generar un significativo impacto a la estructura fiscal municipal y, por tanto, a la distribución territorial de los recursos. Los detractores de la iniciativa señalan que, dado que los propietarios en comunas de altos ingresos recibirán el mismo beneficio que quienes viven en comunas vulnerables, esto para algunos representa una distorsión que afecta la progresividad tributaria, pues favorecería a quienes poseen mayor patrimonio inmobiliario y menor dependencia de servicios municipales.

Hoy en Chile, sólo un 15% de las viviendas pagan impuesto territorial. Del total recaudado un 60% en promedio ingresa al fondo municipal y el porcentaje restante incrementa las arcas municipales, por tanto, si no existe una compensación de recursos estatales, los gobiernos locales verán significativamente afectada su capacidad de gestión. La reducción de contribuciones implicaría una disminución de cerca de $240 mil millones anuales, equivalente al 0,08 % del PIB nacional, pero con efectos desiguales. En comunas de altos ingresos, la pérdida directa alcanzaría entre 10 % y 15 % de los ingresos propios, mientras que en las comunas receptoras del Fondo Común Municipal (FCM) la caída indirecta de transferencias puede llegar al 20 % o incluso 25 % del presupuesto local (para comunas de las regiones del Biobío y La Araucanía, el FCM constituye más del 70 % de los ingresos municipales), amenazando la sostenibilidad de programas sociales, seguridad y vivienda. En promedio nacional, la disminución equivale a 12 % de los ingresos municipales, afectando la capacidad de financiar programas sociales, mantenimiento urbano y servicios comunitarios.

La distribución territorial del impacto revela una paradoja: las comunas con mayor recaudación pierden recursos propios, pero las más pobres pierden transferencias, profundizando la brecha estructural. En términos de gobernanza territorial, esto debilita la autonomía fiscal y acentúa la dependencia del nivel central, reduciendo la capacidad de respuesta de los gobiernos locales ante las demandas ciudadanas.

Frente a este diagnóstico, las soluciones deben apuntar a reconstruir la progresividad del sistema tributario local y fortalecer la equidad intermunicipal. En primer lugar, se requiere focalizar el beneficio exclusivamente en adultos mayores con ingresos inferiores al umbral de vulnerabilidad y viviendas de bajo avalúo, evitando subsidios a patrimonios altos. En segundo lugar, es necesario compensar la pérdida de ingresos creando un fondo compensatorio transitorio administrado por la Subdere y finalmente, pareciera conveniente avanzar hacia una reforma estructural de la tributación inmobiliaria, que incorpore criterios de equidad territorial y sostenibilidad fiscal, garantizando que las políticas de alivio social no se traduzcan en un debilitamiento de la capacidad pública local.

Américo Ibarra Lara 

Director Instituto del Ambiente Construido

Observatorio en Política Pública y Territorio 

Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido 

Universidad de Santiago de Chile