Elefante Rosado en el Aeropuerto
Sr. Director,
Es incomprensible y doloroso observar la inoperancia del Estado frente a la desaparición de más de 200 niños extranjeros que ingresaron a nuestro país acompañados por adultos sin ningún vínculo familiar acreditado. Sabemos que esto no es un simple descuido administrativo; es un abandono inexcusable de los deberes fundamentales de resguardo de nuestras fronteras.
Instituciones que deberían ser el primer filtro de seguridad —como la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el Servicio Nacional de Migraciones y la propia Policía de Investigaciones (PDI)— fallaron estrepitosamente. La respuesta estatal se limitó a un indignante intercambio de oficios y advertencias de escritorio, mientras en terreno nadie actuó para detener este flujo. Si el sistema es tan permeable y negligente como para permitir el paso de cientos de menores a vista y paciencia de las autoridades, resulta aterrador pensar en las facilidades que tiene el crimen organizado para ingresar drogas, armas o cualquier otra amenaza al territorio nacional sin ser detectados.
La responsabilidad compartida no puede seguir diluyéndose en la inacción. Cuando la burocracia reemplaza a la fiscalización operativa, el Estado se vuelve cómplice por omisión. Es urgente que se asuman las responsabilidades políticas e institucionales correspondientes; hoy no solo ignoramos el paradero de estos niños frente a un posible delito de trata de personas, sino que hemos perdido la certeza de que nuestras instituciones sean capaces de proteger a los derechos de los N.N.A..
Gerardo Gutiérrez Tapia,
Ingeniero Experto en Prevención de Riesgos y Seguridad
