El sector agroindustrial chileno se encuentra en alerta tras conocerse la propuesta de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) de aplicar un gravamen adicional del 12,5% a las importaciones provenientes de un grupo de sesenta socios comerciales, entre ellos Chile. La medida se enmarca en una investigación bajo la Sección 301 y sostiene que los países involucrados no habrían actuado con suficiente eficacia para evitar el ingreso de bienes producidos con trabajo forzado en sus cadenas de suministro globales.
Aunque desde Cancillería se ha llamado a la calma, recordando que se trata de una recomendación en consulta y de carácter no vinculante, en el mundo privado ya se trabaja en una estrategia de respuesta para evitar que Chile quede afectado por una decisión que, a juicio del sector, no se condice con la realidad de la agroindustria nacional.
Juan Manuel Mira, presidente de Chilealimentos, señaló que la agroindustria procesadora local opera bajo exigentes estándares internacionales, respaldados por certificaciones y auditorías como SMETA y BSCI, además de las normativas de la OIT, exigidas con frecuencia por compradores y cadenas de supermercados en Estados Unidos. Según explicó, la trazabilidad está plenamente garantizada desde los huertos hasta las plantas de procesamiento, por lo que la imputación estadounidense no tendría fundamento en la operación real del país.
“Para nosotros es altamente preocupante el arancel que se quiere colocar sobre los productos chilenos en Estados Unidos, ya que ese país es uno de los principales socios comerciales para los alimentos procesados, siendo un mercado muy importante para todos los berries congelados, como el arándano, la frutilla y las frambuesas congeladas, así como también para el jugo y la pulpa de manzana”, detalló Mira.
Desde el gremio recalcan además que la observación de Estados Unidos no apunta a prácticas laborales internas en Chile, sino a exigencias sobre productos importados desde terceros países, por lo que la consideran una medida de carácter más proteccionista que laboral.
La inquietud no es menor si se considera, además, la relevancia de Estados Unidos como destino comercial para la agroindustria chilena. En 2025, el sector exportó a ese mercado US$561 millones, equivalente aproximadamente al 16% de las exportaciones agroindustriales chilenas. En ese contexto, un nuevo arancel de 12,5% impactaría directamente en los márgenes de una industria altamente dependiente de la competitividad en precio.
La preocupación del sector se intensifica al observar el momento en que surge esta amenaza, especialmente porque la agroindustria de alimentos procesados es hoy el único rubro agroexportador con crecimiento positivo en 2026. Entre enero y mayo, este segmento registró envíos por US$1.057 millones y un alza de 6%.
“Lo complejo, además, preocupante es que en ese mercado competimos directamente con países que hoy no enfrentarían esos aranceles, como Canadá y México, que además de tener un TLC con Estados Unidos, cuentan con una mayor cercanía logística. Por eso, que ellos cuenten con excepciones arancelarias y Chile no, nos plantea una dificultad importante”, explicó el presidente de Chilealimentos.
Por ello, el gremio ha insistido en la urgencia de una coordinación público-privada para presentar antecedentes técnicos durante el periodo de comentarios públicos, que vence en julio, y resguardar una actividad clave para el empleo regional, la generación de divisas y la imagen internacional de la agroindustria chilena.