Crecimiento macro y desigualdad territorial
La inversión pública regional en Chile para 2025 alcanzó $1,7 billones, con la Región Metropolitana concentrando el 11,2% y La Araucanía el 10,5%, mientras regiones extremas como Arica, Aysén y Magallanes recibieron menos del 4%. En paralelo, la inversión privada proyectada para 2025-2028 crece 23,5%, liderada por minería, energía y obras públicas, con proyectos emblemáticos como el hidrógeno verde en Magallanes, data centers en la Región Metropolitana y expansiones mineras en Antofagasta. Estos datos muestran que el crecimiento macro y las grandes cifras de inversión no se reflejan de manera equitativa en los territorios.
Este fenómeno es similar en todo nuestro continente. Argentina enfrenta una situación similar: Buenos Aires y el Área Metropolitana absorben la mayor parte de la infraestructura y el empleo, mientras provincias del norte siguen rezagadas. Brasil, pese a programas sociales y de inversión, mantiene una fuerte concentración en el sudeste, que genera más del 50% del PIB. Bolivia, con su esquema de coparticipación tributaria, ha fortalecido municipios, pero la inversión sigue dominada por La Paz y Santa Cruz. En Colombia, Bogotá concentra cerca de un cuarto del PIB nacional, mientras departamentos como Chocó o La Guajira continúan con déficits estructurales en servicios básicos y baja atracción de inversión privada.
Lo anterior demuestra que estas desigualdades responden a factores comunes que han sido imposibles de superar, entre ellos; la concentración histórica de población y actividad económica en las capitales, una limitada capacidad institucional de las regiones para formular y ejecutar proyectos, y una dependencia regional de fondos compensatorios que no siempre se distribuyen de manera equitativa.
A lo anterior, se suman los conflictos geopolíticos internacionales, que inciden favorable o desfavorablemente en las oportunidades de inversión pública y privada regional. Eventuales tensiones fronterizas con países vecinos condicionan, por ejemplo, proyectos transfronterizos en energía, logística y comercio.
En el ámbito de la política interna, las bajas tasas de natalidad y la migración rural-urbana, son fenómenos que justifican la generación de políticas públicas e inversiones que permitan un desarrollo armónico de los territorios y que contribuyan de esta manera a la seguridad e integridad territorial.
El camino hacia un desarrollo espacial más justo exige por tanto revisar los criterios de asignación de recursos desde el nivel central, fortalecer las capacidades técnicas de los gobiernos regionales, jerarquizar y garantizar la transparencia en la distribución de recursos. Asimismo, sin análisis del contexto internacional y sin coherencia con los objetivos estratégicos de desarrollo nacional, será imposible que el crecimiento económico sea un pilar del desarrollo territorial equitativo, en el que cada región despliegue su potencial y contribuya de manera significativamente al progreso nacional.
Américo Ibarra Lara
Director Instituto del Ambiente Construido
Observatorio en Política Pública del Territorio
Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido
Universidad de Santiago de Chile
