Agua en la agenda política
Durante más de una década, Chile ha enfrentado un profundo cambio estructural en la disponibilidad de agua. Sin embargo, la respuesta pública y privada ha avanzado lentamente y de forma fragmentada. Lo más preocupante -y que ningún gobierno ha querido enfrentar-, es que aún no contamos con una estrategia hídrica común de largo plazo, clara y coherente, capaz de orientar al país frente a los retos del Siglo XXI.
Los tres últimos gobiernos no han dado el impulso suficiente a este tema y hoy no estamos en condiciones de postergar por otros cuatro años decisiones clave que Chile necesita con urgencia. Si algo nos ha enseñado la crisis hídrica es que seguir esperando y haciendo lo mismo simplemente ya no es una opción.
Existen al menos tres desafíos que se deben abordar. El primero, es pasar del discurso a elaborar una estrategia hídrica nacional. En los últimos años se han impulsado cambios relevantes, aunque de manera desarticulada. Se reforzó el carácter público del agua y se priorizó el consumo humano como derecho. También se reformó el Código de Aguas y se han promulgado leyes como la de aguas grises y la normativa sobre desalación. Paralelamente, en el Congreso se discuten proyectos de ley como la creación de una Subsecretaría del Agua e iniciativas para regular el reúso de los emisarios submarinos.
El problema es que estos avances han ocurrido sin una estrategia común que los articule. La gestión sigue descoordinada entre múltiples instituciones, como los miniterios de Obras Públicas, de Agricultura y Medio Ambiente, además de gobiernos regionales, municipios y organizaciones de usuarios.
Sin una institucionalidad moderna capaz de coordinar políticas, liderar la adaptación al cambio climático y gestionar el recurso con visión territorial y de largo plazo, las reformas seguirán siendo parciales.
Otro eje corresponde a diversificar las fuentes de agua y mejorar la eficiencia. Se ha avanzado lentamente en la diversificación de sus fuentes hídricas. En el caso de la desalación, el país cuenta con un número creciente de proyectos, impulsados principalmente por la minería. Pero existe otra fuente menos desarrollada y potencialmente más accesible: el reúso de aguas servidas tratadas.
Hoy se trata cerca del 100% de sus aguas residuales urbanas, sin embargo, gran parte de esos volúmenes terminan descargándose al mar o a los ríos sin volver a reutilizarse. Actualmente apenas se reúsa alrededor del 5%.
Un tercer punto a abordar es el fortalecimiento de la gestión de cuencas y la fiscalización. En esta gestión debe participar el Estado, los usuarios y los territorios. Sin embargo, muchas decisiones siguen tomándose desde Santiago, con escasa articulación territorial. A ello se suma una debilidad persistente en materia de información y monitoreo.
Sin sistemas adecuados de medición en tiempo real, la capacidad de gestión, fiscalización y cumplimiento de las normas pierde eficacia.
El desafío del actual gobierno es pasar de la reacción a la estrategia. Hasta ahora, sin embargo, el agua no parece ocupar el lugar prioritario en su agenda.
Gabriel Caldés
Consejero
Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).
