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Gabriel Caldés |
La desalación de agua se ha instalado en nuestro país, particularmente en los sectores productivos de la minería y el consumo humano, concentrándose en un 99% en las regiones del norte. Esta macrozona reúne condiciones ideales para el desarrollo de esta tecnología, tal como sucede en países como Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Israel, ciertas zonas de España y de Estados Unidos.
La Región de Coquimbo enfrenta la crisis de escasez hídrica más grave en las últimas décadas. Los tres últimos gobiernos han declarado la necesidad de construir una planta desaladora multipropósito que garantice un suministro estable de agua potable para la conurbación Coquimbo-La Serena y, potencialmente, para Ovalle.
En una de las regiones del país con mayor escasez hídrica a nivel nacional y global, como es la Región de Coquimbo, específicamente en el secano costero frente al mar, se llevó a cabo el sexto Encuentro Nacional de Vinculación Social (ENVIS 2025). Este evento reunió a cerca de 1.500 personas provenientes de todo el país, con diversos orígenes y geografías, para dialogar y compartir experiencias relacionadas con la crisis hídrica que estamos enfrentando.
A la fecha, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha conformado once de estas mesas en regiones como Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Metropolitana, Valparaíso, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, abarcando las cuencas más afectadas y donde habita más del 60% de la población.
El 2024 marca un hito para Chile al celebrarse los 60 años de implementación de una de las políticas públicas más exitosas y transformadoras del país: el suministro de agua potable rural, iniciativa ha beneficiado a más de 2,2 millones de habitantes en localidades rurales, garantizando un acceso fundamental para la vida y la salud.
Este año se han conocido una serie de informes de científicos y académicos que coinciden en poner en duda el cumplimiento de la meta del Acuerdo de París (2015), de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, con el fin de limitar en 2°C el aumento de la temperatura global, debido al magro avance planetario en esta materia.
El proyecto de ley que “regula el uso sustentable de las aguas subterráneas” que se encuentra en discusión en el Congreso, merece un análisis sobre su contenido. Esta iniciativa -si bien se incorpora al Código de Aguas-, establece en su artículo único que no podrán explotarse aguas subterráneas sin contar con antecedentes científicos y fundamentos técnicos, que den cuenta de la disponibilidad de los recursos hídricos y que su explotación no afectará el acuífero o el sector hidrogeológico de aprovechamiento común.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su último Informe de Desarrollo Humano Chile 2024 se pregunta ¿Por qué nos cuesta cambiar? ¿Por qué se entrampan cambios demandados largamente por la ciudadanía y cuya necesidad es avalada por el conocimiento experto?
Durante décadas, los sucesivos gobiernos han postergado las inversiones significativas en infraestructura hídrica, ya sea por los tiempos de ejecución -que pueden durar más de 10 años desincentivando cualquier beneficio político-, por falta de recursos o, simplemente, porque no se ha tenido la convicción de que son necesarias. Sea cual sea la razón, en la actualidad hay sectores que están solicitando que se construyan embalses o plantas desaladoras, lo que ha dado origen a la Ley 21.639 para facilitar al Ministerio de Obras Públicas (MOP) la construcción de este tipo de infraestructura, pero además se incluyeron las soluciones basadas en la naturaleza.
Este año se cumplen 60 años del programa de Agua Potable Rural (APR) creado por el Ministerio de Salud en 1964, luego del compromiso internacional de la XIII Asamblea Mundial de la Salud de 1959.