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Gabriel Caldés |
La Región de Ñuble ha iniciado la construcción del embalse Zapallar, obra esperada tras casi 70 años. Con una capacidad de 80 millones de metros cúbicos y una inversión superior a US$158 millones, el proyecto fue adjudicado al consorcio China International Water & Electric Corporation y contempla un plazo de ejecución de 1.620 días, proyectando su entrada en operación hacia 2030.
La Planificación Estratégica de los Recursos Hídricos por Cuenca (PERHC) constituye un puente entre el conocimiento acumulado del territorio, la planificación nacional y la acción concreta de usuarios y autoridades locales. Esta herramienta llevada adelante por la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, no resuelve por sí misma todos los problemas de gestión del agua, pero permite ordenar la toma de decisiones, reducir la incertidumbre y facilitar la asignación de recursos en función de objetivos compartidos por los actores de cada cuenca.
Aunque diversas fundaciones, universidades, gremios y otros actores han presentado agendas hídricas para el próximo gobierno, aún no se conoce cuál será su plan de acción definitivo. Esta definición resulta urgente, pues numerosos sectores públicos y privados están ejecutando acciones de adaptación al cambio climático y a la escasez hídrica, sin contar con una señal clara de futuro por parte de la autoridad, situación que se ha repetido en los últimos gobiernos.
En medio de la crisis hídrica y energética que atraviesa nuestro país, resulta alentador que el Congreso avance en iniciativas que buscan desburocratizar la gestión de estos recursos y abrir espacio a nuevas formas de generación limpia. El proyecto de ley contenido que modifica el Código de Aguas, apunta justamente en esa dirección al agilizar la tramitación de proyectos hidráulicos de “pequeña escala” de generación hidroeléctrica de pasada, simplificando autorizaciones y permisos para obras menores asociadas a estas minicentrales.
En el reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente, el indicador 6.5.1, Chile aparece en el último lugar del ranking mundial, sobre gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH). Este resultado no es solo una estadística incómoda, sino una señal estructural severa: nuestra gobernanza no está preparada para implementar esta meta una con visión de futuro compartido, legitimidad social y fuerza legal. Sin esa base, no podremos enfrentar de manera sostenible y resiliente la prolongada escasez hídrica que nos afecta.
La desalación de agua se ha instalado en nuestro país, particularmente en los sectores productivos de la minería y el consumo humano, concentrándose en un 99% en las regiones del norte. Esta macrozona reúne condiciones ideales para el desarrollo de esta tecnología, tal como sucede en países como Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Israel, ciertas zonas de España y de Estados Unidos.
La Región de Coquimbo enfrenta la crisis de escasez hídrica más grave en las últimas décadas. Los tres últimos gobiernos han declarado la necesidad de construir una planta desaladora multipropósito que garantice un suministro estable de agua potable para la conurbación Coquimbo-La Serena y, potencialmente, para Ovalle.
En una de las regiones del país con mayor escasez hídrica a nivel nacional y global, como es la Región de Coquimbo, específicamente en el secano costero frente al mar, se llevó a cabo el sexto Encuentro Nacional de Vinculación Social (ENVIS 2025). Este evento reunió a cerca de 1.500 personas provenientes de todo el país, con diversos orígenes y geografías, para dialogar y compartir experiencias relacionadas con la crisis hídrica que estamos enfrentando.
A la fecha, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha conformado once de estas mesas en regiones como Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Metropolitana, Valparaíso, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, abarcando las cuencas más afectadas y donde habita más del 60% de la población.
El 2024 marca un hito para Chile al celebrarse los 60 años de implementación de una de las políticas públicas más exitosas y transformadoras del país: el suministro de agua potable rural, iniciativa ha beneficiado a más de 2,2 millones de habitantes en localidades rurales, garantizando un acceso fundamental para la vida y la salud.