En el reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente, el indicador 6.5.1, Chile aparece en el último lugar del ranking mundial, sobre gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH). Este resultado no es solo una estadística incómoda, sino una señal estructural severa: nuestra gobernanza no está preparada para implementar esta meta una con visión de futuro compartido, legitimidad social y fuerza legal. Sin esa base, no podremos enfrentar de manera sostenible y resiliente la prolongada escasez hídrica que nos afecta.
Es cierto que el país ha dado pasos normativos importantes como la Reforma al Código de Aguas, la Ley Marco de Cambio Climático, la creación del Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa, o los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en Cuencas (PERHC). Sin embargo, estos avances permanecen desarticulados y con baja implementación efectiva.
Los puntos críticos que señala el informe ya estaban identificados hace más de una década en diagnósticos como el del Banco Mundial (2013), entre muchos otros. Lo grave es que no hemos llevado adelante acuerdos amplios para avanzar.
Uno de los problemas más evidentes es la fragmentación institucional. Más de 50 organismos públicos se superponen en la gestión del agua, sin coordinación efectiva, liderazgo técnico ni político. La Dirección General de Aguas, pese a su rol clave, no cuenta con un mandato explícito para implementar y conducir la GIRH, ni con recursos ni capacidades suficientes para hacerlo.
También es preocupante la ausencia de una organización funcional en las cuencas y la existencia de organizaciones usuarios que no están orientadas a la cuenca, la escasez y toma de decisiones técnicas integradas. Los consejos de cuenca están aún en fase piloto, sin respaldo normativo ni capacidades reales, y en algunos casos enfrentan resistencias desde sectores de organizaciones de usuarios del agua.
Además, el informe destaca la falta de financiamiento, desarrollo de capacidades y participación ciudadana efectiva. Las organizaciones locales, como las organizaciones de usuarios o los municipios, carecen de herramientas técnicas, legales y presupuestarias para actuar con liderazgo en la gestión territorial del agua.
Entonces, ¿cómo revertimos este escenario?
Primero, construir voluntad política transversal. Chile requiere un acuerdo nacional del agua duradero sobre qué esperamos del agua y qué estamos dispuestos a hacer para asegurarla en el tiempo, independiente de los ciclos políticos.
Segundo, debemos entender que la escasez hídrica no se resuelve solo con infraestructura como pozos, embalses o desaladoras; sin instituciones sólidas, legitimadas y planificación territorial, esas inversiones pierden efectividad.
Que nuestro país se ubique en el último lugar en el ranking puede ser duro, pero también puede ser el golpe de realidad que nos impulse a superar la inercia institucional, crear una nueva gobernanza hídrica descentralizada y avanzar con decisión hacia una institucionalidad robusta.
Gabriel Caldes
Consejero Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)