Gabriel Caldés

Este año se han conocido una serie de informes de científicos y académicos que coinciden en poner en duda el cumplimiento de la meta del Acuerdo de París (2015), de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, con el fin de limitar en 2°C el aumento de la temperatura global, debido al magro avance planetario en esta materia.

El proyecto de ley que “regula el uso sustentable de las aguas subterráneas” que se encuentra en discusión en el Congreso, merece un análisis sobre su contenido. Esta iniciativa -si bien se incorpora al Código de Aguas-, establece en su artículo único que no podrán explotarse aguas subterráneas sin contar con antecedentes científicos y fundamentos técnicos, que den cuenta de la disponibilidad de los recursos hídricos y que su explotación no afectará el acuífero o el sector hidrogeológico de aprovechamiento común.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su último Informe de Desarrollo Humano Chile 2024 se pregunta ¿Por qué nos cuesta cambiar? ¿Por qué se entrampan cambios demandados largamente por la ciudadanía y cuya necesidad es avalada por el conocimiento experto?

Durante décadas, los sucesivos gobiernos han postergado las inversiones significativas en infraestructura hídrica, ya sea por los tiempos de ejecución -que pueden durar más de 10 años desincentivando cualquier beneficio político-, por falta de recursos o, simplemente, porque no se ha tenido la convicción de que son necesarias. Sea cual sea la razón, en la actualidad hay sectores que están solicitando que se construyan embalses o plantas desaladoras, lo que ha dado origen a la Ley 21.639 para facilitar al Ministerio de Obras Públicas (MOP) la construcción de este tipo de infraestructura, pero además se incluyeron las soluciones basadas en la naturaleza.

Este año se cumplen 60 años del programa de Agua Potable Rural (APR) creado por el Ministerio de Salud en 1964, luego del compromiso internacional de la XIII Asamblea Mundial de la Salud de 1959.

La Región de Coquimbo no se preparó adecuadamente para enfrentar la crisis hídrica que está viviendo hace años y que pronto se verá agudizada con la llegada del fenómeno meteorológico de “La Niña”. Los sectores público y privado no visualizaron adecuadamente lo que está ocurriendo y, si lo previeron, no tuvieron la capacidad de gestionar soluciones ante la emergencia, como tampoco de informar a la comunidad. 

La última evaluación de desempeño ambiental de Chile entregada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) durante este mes no sorprendió, en particular, por el análisis que hace sobre la gestión del agua. Se hicieron sugerencias conocidas que ya han sido planteadas en al menos los últimos tres gobiernos. 

Este año se cumplen 25 años de la alianza público-privada de la industria sanitaria y 35 años de la puesta en marcha de la política pública que dio origen al actual modelo sanitario en Chile. Su inicio fue el año 1990 conformada por operadores regionales mediante sociedades anónimas estatales (CORFO), que a finales de la década de los noventa (1999) se transfirieron a operadores privados mediante dos formas, a) El Estado transfiere y vende la propiedad de la empresa estatal y b) El Estado transfiere transitoriamente el Derecho de Explotación de las concesiones sanitarias por 30 años pero no la propiedad.

La Región de Coquimbo es la más afectada del país por la escasez hídrica, según el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas: en los últimos 5 años se han registrado precipitaciones bajo lo normal y los embalses tienen solo un 12% de agua. Por otra parte, las cifras oficiales indican que la producción de fruta ha disminuido entre un 40 y un 65% en el último año, generándose restricción al consumo humano y pérdidas de cultivos.

Para Chile, el mayor impacto del cambio climático no es la emisión de los GEI, del cual generamos solo el 0,25% del planeta y además nos comprometimos internacionalmente a ser un país carbono neutral en 2050. Esta decisión ha permitido la asignación de recursos, modificaciones normativas y de gobernanza. Pero sabemos que el impacto más crítico es la prolongada falta de agua, que tiene serias consecuencias para la población y el desarrollo.