Escuelas protegidas: Comisión de Educación votaría idea de legislar el lunes 11 de mayo

En pleno proceso de escucha se encuentran los integrantes de la Comisión de Educación que están estudiando el proyecto que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa, más conocido como escuelas protegidas.

El mensaje que cuenta con discusión inmediata fue analizado por el presidente de la instancia, el senador Gustavo Sanhueza; la senadora Yasna Provoste; y los senadores Vlado Milosevic, Rojo Edwards y Cristián Vial, el lunes 4, miércoles 5 y jueves 6 de mayo.

El lunes 11 de mayo se espera votar en general y recibir a cinco actores que solicitaron ser escuchados. Ese día se fijaría un plazo interno para presentar indicaciones que sería el viernes 15, dado que la Comisión está mandatada por la Sala para votar en general y particular a la vez.

Así las cosas, el miércoles 13 y el jueves 14 se realizarían más audiencias cosa de efectuar el debate de las enmiendas el lunes 18. La idea es que la Sala pueda votar la propuesta esa semana para despacharla a tercer trámite.

La senadora Yasna Provoste y el senador Vlado Milosevic pidieron durante el debate, que el Ejecutivo elimine la urgencia para escuchar a todos los invitados sin premura considerando que muchas de las observaciones darán lugar a indicaciones.

AUDIENCIAS

Durante esas jornadas, la y los legisladores escucharon a la ministra de Educación, María Paz Arzola; la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf; la ministra de Salud, May Chomali; el ministro de Justicia, Fernando Rabat; el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez; la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana; el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet; el defensor de la Niñez, Anuar Quesille; y el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Yerko Ljubetic.

También se hicieron presentes la Unión de Profesionales de la Educación; Fundación Escuelas Abiertas; la directora del Instituto Superior Comercio Enrique Maldonado de Talca, María Consuelo Pérez; el Colegio de Profesores; y la directora del Centro de Investigación de Educación Inclusiva y el Programa de Convivencia Escolar de la PUCV, Verónica López; la Oficina Nacional de la UNESCO; la Dirección de Derechos Humanos y Protección de la Familia de Carabineros; y la Oficina de Educación de Unicef Chile.

Los invitados han dividido sus opiniones a la hora de apoyar el proyecto en segundo trámite. En las sesiones se ha conocido la voz de los expertos en educación, profesores y dirigentes describiéndose situaciones cotidianas como las tomas y movilizaciones, el ingreso de encapuchados a los establecimientos y la imposibilidad del profesorado de ejercer su rol.

A continuación, algunos de los argumentos esgrimidos por ambas partes.

A favor del proyecto:

- Gran parte del problema responde a la burocracia escolar porque el reglamento de la ley Aula Segura debe indicar claramente cómo proceder ante un hecho de violencia, lo que no ocurre.

- Las leyes impiden que los equipos directivos y docentes puedan contener la violencia en los establecimientos (se garantiza la autonomía de las organizaciones estudiantiles en la que la dirección no puede intervenir; la ley de inclusión terminó con la meritocracia, así el algoritmo no incluye el historial conductual del estudiante; y la Superintendencia de Educación prohíbe la revisión de mochilas sin orden judicial).

- El proyecto da herramientas concretas a directores, equipos y profesores porque permite la revisión de mochila, devuelve al adulto la capacidad de actuar, facilita la intervención de las policías en contexto de urgencia, prohíbe el uso de overoles y capuchas, sanciona a los que impidan el normal funcionamiento de las clases y aplica sanciones disuasivas.

- Se abogó por generar un sistema paralelo para los estudiantes expulsados por violencia escolar que promueva los exámenes libres y el apoyo emocional.

En contra del proyecto:

- El proyecto solo se concentra en un enfoque punitivo y de control que podría generar expectativas poco realistas porque el problema de fondo (el no contar con las condiciones de seguridad mínimas para el aprendizaje) no se resuelve con revisiones de mochilas ni expulsar a los estudiantes conflictivos. La clave es dar un enfoque multifactorial.

- Estudios han demostrado que este enfoque punitivo no reduce la violencia, por el contrario, cuando se implementa apoyo sicosocial al alumno y su familia, sí hay una disminución de estas conductas.

- El proyecto no dice nada sobre salud mental. Hoy los establecimientos no saben a quién derivar a los jóvenes agresores.

La efectividad de los programas de acompañamiento escolar es baja porque el sistema se orienta solo a aprobar las pruebas estandarizadas.

- La sanción no genera aprendizaje sino mayor violencia.

- Es necesario hacer distinciones por tramo etario respecto a las sanciones y el abordaje de la conducta. En esa línea, entregar una formación específica a los alumnos que cumplen 14 años dado que desde ese momento tienen responsabilidad penal.

- Prohibir la gratuidad a alumnos que hayan sido condenados por estos delitos, es un error porque vulnera el principio de igualdad ante la ley.

- En el caso que el estudiante no deje que le revisen a su mochila, y su apoderado no se apersone, se podrá llamar a Carabineros, podría haber vulneración y afecta la presunción de inocencia.

- Debe incluirse que los apoderados asuman la responsabilidad cuando sus hijos atenten contra la infraestructura escolar.

CIFRAS

Desde la Subsecretaría de Seguridad, la Subsecretaría de Prevención del Delito, Carabineros y la Defensoría de la Niñez, se entregaron cifras que fueron comentadas por los integrantes de la Comisión, tales como:

- De un universo de 13 mil establecimientos educacionales, siete mil presentaron al menos un caso de violencia escolar el 2025 dando lugar a 56 mil denuncias policiales.

- El año 2025 se generó un incremento de un 18% en relación al 2024 respecto al número de denuncias.

- De los 56 mil casos policiales, un 17% generaron lesiones leves, un 11% correspondieron a amenazas y un 1,4% involucraron drogas.

- De estos 56 mil, 16 mil fueron delitos en contra de la vida e integridad de las personas.

- La mayor parte de los casos policiales se concentran en la jornada escolar (entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde) y de lunes a viernes.

- Las regiones que lideran los casos son la región Metropolitana con un 30%, Biobío con un 11%, Valparaíso con un 10% y la Araucanía con un 7%.

- En cuanto al maltrato de párvulos y escolares en el contexto escolar, se registró un crecimiento de un 23% entre el 2024 y el 2025.

- El maltrato a la comunidad docente y los equipos directivos creció un 129% entre el 2024 y el 2025 constatándose en este último, 312 mil casos.

- Se constata un crecimiento sostenido de las denuncias de convivencia escolar. El 2019 se constataron 8 mil denuncias mientras que el 2025, 22 mil.

- Se incrementó un 39% las denuncias de agresión de escolares a profesores el 2025.

- Carabineros recibió 2 mil 200 denuncias de violencia escolar post atentado de Calama generando 2450 procedimientos que arrojaron 159 detenidos.

- El programa de Seguridad Integral de Carabineros ha constatado el 2025, 78 mil derivaciones de menores y adolescentes (ingreso a una comisaría por una infracción de ley o vulneración de derechos).

- Se han abierto 7 mil 700 expedientes por la ley Aula Segura, de las cuales dos mil 500 han generado expulsiones de alumnos. De éstos, 550 no han vuelto al sistema escolar.

En tanto, el ministro de Salud puso énfasis en la capacitación que están realizando a docentes, asistentes de la educación y directivos respecto a cómo actuar frente a un hecho de violencia escolar. “A fecha se han capacitado 14 mil funcionarios y se han realizado 466 talleres presenciales. Se aborda cómo activar la primera ayuda sicológica y proceder a la derivación, pero quiero dejar en claro que no todo se trata de mandar al niño conflictivo al sicólogo. Se necesita que los equipos de convivencia escolar tengan las herramientas para contener”, hizo ver May Chomali.

LO APROBADO POR LA CÁMARA

El texto permite a los sostenedores incorporar en sus reglamentos internos la medida de revisar mochilas, bolsos u otros efectos personales de los estudiantes, excluidas sus vestimentas. Esto con el fin de evitar el ingreso, uso, porte y posesión de elementos que puedan utilizarse para agredir a otros o atentar contra la infraestructura del establecimiento educacional. Pero, estará estrictamente prohibido requerir al estudiante que se desnude, así como su revisión corporal.

Si tras esta revisión “se hallaren elementos” como los descritos en la norma, los establecimientos comunicarán el hecho de inmediato a los padres y apoderados del estudiante, así como a Carabineros de Chile o a la Policía de Investigaciones de Chile.

El proyecto añade que el reglamento interno de cada establecimiento deberá establecer cuál es el personal expresamente autorizado para esta revisión. Asimismo, en los casos de Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, la revisión debe contar con el asesoramiento de un profesional del equipo PIE o de convivencia escolar.

El proyecto también aborda los actos que tengan como consecuencia la interrupción de clases. En esa línea, se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por estudiantes para impedir la realización de clases o que tengan como consecuencia directa la interrupción total o parcial de estas, o la suspensión de actividades académicas. Pero, se excluye aquellos cometidos involuntariamente.

Adicionalmente, se suman las amenazas realizadas por algún miembro de la comunidad educativa, por cualquier medio, que tengan como consecuencia la interrupción total o parcial de clases o la alteración sustancial del normal desarrollo de la jornada.

Además el proyecto establece no podrán recibir gratuidad en la educación superior, aquellos estudiantes condenados por delitos que atenten contra la vida, la integridad física de las personas o contra la propiedad, pública o privada. La citada inhabilidad tendrá una duración de cinco años.