Estrategia en el debate universitario: Una nueva mirada sobre el financiamiento de la educación superior

Las recientes medidas para reforzar el cobro del Crédito con Aval del Estado y la discusión sobre la sostenibilidad de la gratuidad han vuelto a despertar el debate sobre financiamiento universitario. Pero se corre el riesgo de volver a concentrar el debate en la mecánica financiera del sistema, girando una vez más en torno a quién paga la cuenta y cómo ésta se cobra, sin abordar la pregunta de fondo: ¿qué sistema de educación superior quiere sostener Chile y con qué lógica pública está dispuesto a financiarlo?

El CAE fue una respuesta a un momento histórico: la expansión de la matrícula y la incorporación de amplios segmentos sociales a la educación superior encontraban severas restricciones financieras. La crisis del sistema de Fondo Solidario conducía cerraba las puertas a amplios sectores. El problema es que el CAE se diseñó bajo una lógica bancaria, como una operación que trasladaba al individuo riesgos que debían haber sido asumidos por el colectivo. Además, para atraer a los bancos a esta forma de crédito, se ofrecieron condiciones en extremo generosas para ellos. Con el tiempo, la deuda y la morosidad se volvieron parte habitual de la trayectoria de miles de egresados y lo que había nacido como instrumento de movilidad terminó operando, con demasiada frecuencia, como una extensión de la vulnerabilidad que se pretendía corregir.

Desde esa perspectiva, el FES representaría un avance genuino cuyo mérito más profundo no es financiero sino conceptual. Al proponer una contribución contingente al ingreso en lugar de una deuda fija, reconoce que los retornos de la educación superior son inciertos y desiguales y que, por tanto, no pueden financiarse con la lógica de un préstamo de consumo. La simulación del equipo de Lorraine-Dearden estima que la carga promedio de pago caería de 14,3 % a 3,9% del ingreso respecto al CAE. Estos resultados deben leerse con los supuestos de crecimiento salarial y formalidad laboral que los sustentan; si ellos no se cumplen, el fondo acumula tensiones que el modelo no resuelve por sí solo.

La discusión debe considerar la sostenibilidad en el tiempo del mecanismo que se elija. El informe de simulación del FES advierte que no evalúa su impacto sobre los aranceles regulados ni sobre la sostenibilidad financiera de las instituciones, omisión que no es un detalle técnico menor; deja el corazón del sistema sin examinar. Si el financiamiento público avanza hacia condiciones más estandarizadas, la pregunta que emerge no es solo cuánto pagará el egresado, sino qué incentivos tendrán las instituciones para mantener proyectos distintos, sostener investigación o cumplir funciones territoriales que el mercado no remunera.

Esto no es un argumento para blindar inercias ni proteger estructuras que no rinden cuentas. La diversidad institucional que Chile necesita no es la que existe por acumulación histórica, sino la que puede demostrarse a través de instituciones que cumplan funciones diferenciadas en formación de capital humano avanzado, investigación científica, desarrollo productivo regional o cobertura de territorios que el mercado desatiende. Un esquema homogéneo de financiamiento no tiene cómo reconocer esas diferencias y cuando el Estado deja de hacerlo, termina financiando con la misma lógica a quienes hacen cosas profundamente distintas, empobreciendo tanto la oferta educativa como el sistema.

La propuesta más coherente no consiste en elegir entre el CAE y el FES, sino explorar otras alternativas, como por ejemplo insertar el nuevo mecanismo contributivo dentro de un marco que combine protección efectiva al estudiante con un financiamiento institucional capaz de reconocer misiones y complejidades diferenciadas. Chile ya cuenta con herramientas para ello, entre ellas los convenios de desempeño, los fondos basales por complejidad y las metas verificables de empleabilidad y vinculación territorial, instrumentos que deben articularse con coherencia y trazabilidad real, tomando como referencia experiencias como el modelo australiano HECS, que rompe el vínculo entre la capacidad económica presente y el acceso a la educación superior, articulando la protección al estudiante mediante umbrales de pago asociados al ingreso, reajuste del saldo solo por inflación, sin cobro de interés real, y una gobernanza integrada entre instituciones, autoridad educativa y sistema tributario.

Esa reconfiguración no exige crear estructuras desde cero, sino adaptar las existentes con mandato claro, indicadores verificables y rendición de cuentas efectiva, asumiendo que todo rediseño serio tiene un costo fiscal que debe estimarse y justificarse bajo criterios de sostenibilidad y retorno social. La discusión de fondo, en consecuencia, es más exigente y al mismo tiempo, más prometedora de lo que el debate actual sugiere. No se trata simplemente de reemplazar un mal crédito por un mejor mecanismo de pago, sino de construir una política sostenible que permita que estudiantes, instituciones y Estado dejen de competir por el costo y comiencen a compartir el valor público que la educación superior aporta al desarrollo del país.

Luis A. Riveros – Prof. Emérito Universidad de Chile

Nassib Segovia – Académico y Especialista en Educación Superior.