Incluir la participación de la Fiscalía Militar en la investigación del delito de espionaje era el objetivo del proyecto que rechazó la Sala de la Cámara.
La propuesta (boletín 17690) alcanzó 76 votos a favor, 63 en contra y 5 abstenciones. Sin embargo, necesitaba 78 votos a favor para su aprobación, por tratarse de normas de rango orgánico constitucional. Por efecto de su rechazo en la idea de legislar, en primer trámite, la iniciativa pasará a archivo.
La moción, presentada por el diputado Luis Sánchez, modificaba el Código Penal y otras normas para establecer que las investigaciones sobre delitos de armas u otros elementos peligrosos ocurridos en espacios militares los revise la justicia castrense.
La moción surgió a partir de un caso registrado en mayo de 2025, cuando dos personas ingresaron a una base de la Fuerza Aérea en Pozo Almonte. En la ocasión, si bien hubo antecedentes que motivaron sospechas de espionaje, la fiscalía los formalizó solo por infracción a la Ley de Control de Armas. Esto, debido a las limitaciones actuales de la competencia militar sobre civiles. Por esta situación, el texto proponía que este tipo de causas se remitieran a la fiscalía militar.
Fiscalía Militar en casos de espionaje
En concreto, el proyecto establecía que cuando los delitos de armas u otros elementos peligrosos se cometieran en instalaciones o bienes militares, o involucraran información de carácter militar, la causa se remitiera a la Fiscalía Militar para su conocimiento.
Agregaba que, si durante el proceso se determinaba que el imputado no poseía la calidad de militar, los antecedentes se derivarían al Ministerio Público. La idea era que la causa la conociera la justicia ordinaria, ya sea nacional o extranjera. En estos casos, la intervención inicial de la justicia militar se limitaba a la custodia y resguardo de los antecedentes.
Debate en la Sala
El informe lo rindió el diputado Luis Sánchez. Además, en las dos sesiones donde se analizó la norma, participaron las y los diputados José Antonio Rivas, Marcos Barraza, Hans Marowski, Stephan Schubert, Carlos Cuadrado, Cristian Contreras, Lorena Fries, Luis Pardo y Andrea Parra.
En la discusión del proyecto, se plantearon como argumentos a favor la necesidad de fortalecer la respuesta institucional ante hechos que afectan la seguridad. Además, se destacó el trabajo transversal desarrollado en la Comisión de Defensa y la disposición a avanzar en acuerdos.
También se valoró la incorporación temprana de instituciones especializadas en la tramitación. E indicaron que se establecían resguardos para personas no militares, considerando derechos y tratados internacionales. Esto, a la vez, que se mantenía un tratamiento más severo para personal militar, lo que podría desincentivar actos de espionaje.
Las posiciones en contra advirtieron que la iniciativa introduce distorsiones en el sistema de seguridad. Se cuestionó que civiles pudieran ser sometidos, aunque fuera inicialmente, a la justicia militar. Se señaló que esto podría constituir una vulneración de derechos y afectar el debido proceso.
Igualmente, se planteó que el proyecto genera incertidumbre jurídica y riesgo de dilaciones indefinidas. Además, criticaron una comprensión limitada del fenómeno del espionaje y que no modifica sustantivamente una norma que tiene más de cien años.
