Recaudación bajo presión
El déficit fiscal registrado al cierre de 2025 y la caída sostenida de la recaudación no minera no constituyen un fenómeno meramente coyuntural ni un simple desajuste macroeconómico. Reflejan una falla más profunda: la persistente tendencia a abordar los problemas de ingresos públicos desde el endurecimiento del control, en lugar de desde el diseño estructural del sistema tributario. Chile no recauda menos porque fiscalice poco, sino porque ha construido un marco normativo que erosiona progresivamente la certeza jurídica, la confianza y la disposición real al cumplimiento.
En los últimos años, la respuesta frente a la evasión y al déficit ha sido reiterativa. Se amplían facultades fiscalizadoras, se multiplican las obligaciones de información y se elevan las sanciones, bajo la premisa de que más poder equivale a mayor recaudación. Sin embargo, esa lógica desconoce un límite esencial: ningún sistema tributario puede sostenerse indefinidamente si exige cumplimiento en un entorno normativo incierto, complejo y cambiante.
La legislación tributaria se ha vuelto extensa, fragmentada y difícil de anticipar. Modificaciones sucesivas, regímenes especiales superpuestos y criterios interpretativos variables han desplazado la pregunta central del contribuyente. Ya no se trata solo de cuánto pagar, sino de cómo pagar sin exponerse a contingencias futuras. Esa inseguridad genera conductas defensivas, retracción de inversiones y decisiones económicas guiadas por cautela más que por eficiencia. El impacto es directo y medible, no sólo en crecimiento, sino también en ingresos fiscales.
Las leyes de cumplimiento tributario profundizan esta tensión. Diseñadas con un énfasis predominante en el control, amplían facultades sin reforzar de manera equivalente estándares claros de debido proceso, proporcionalidad y previsibilidad. El resultado es un sistema en el que el contribuyente cumple, pero no confía; informa, pero no comprende; paga, pero no percibe justicia. Ese tipo de cumplimiento no es sostenible. Es un cumplimiento forzado, costoso y altamente litigioso.
Desde una perspectiva jurídica, la recaudación no puede descansar en la ambigüedad ni en la discrecionalidad. Desde una mirada económica, un modelo basado en fiscalización intensiva eleva costos indirectos, desalienta la formalización y termina debilitando la propia base tributaria que busca proteger. Más control, sin mejor diseño, no fortalece al sistema. Lo desgasta.
La discusión sobre el déficit fiscal exige, por tanto, un cambio de enfoque. No se trata de recaudar menos ni de renunciar a la fiscalización, sino de comprender que la recaudación sostenible depende de reglas claras, estables y aplicadas con razonabilidad. La certeza jurídica no es un beneficio corporativo ni una concesión ideológica; es un requisito operativo para que el sistema funcione.
Un sistema tributario que aspire a recaudar más debe ser comprensible en sus normas, predecible en su aplicación y equilibrado en el ejercicio de la potestad fiscalizadora. Si no se corrige esta confusión entre control y legitimidad, cualquier intento de mejorar la recaudación seguirá enfrentando el mismo límite estructural; un marco que, en lugar de incentivar el cumplimiento, termina socavándolo.
Carla Huerta
Abogada Tributarista
