Piratería digital y neutralidad de red: la necesidad de una revisión regulatoria

La piratería digital dejó hace tiempo de ser un fenómeno marginal asociado al consumo informal de contenidos. Hoy constituye un problema estructural del ecosistema digital, con efectos directos sobre la seguridad de las personas, la inversión en infraestructura, la competencia leal y la sostenibilidad de industrias completas. No estamos frente a simples infracciones individuales, sino ante un mercado ilegal organizado, transnacional y altamente sofisticado, que opera aprovechando las mismas redes, plataformas y principios que dieron forma al Internet abierto.

En Chile, la masificación de plataformas de IPTV ilegal, aplicaciones diseñadas para eludir medidas tecnológicas de protección y la comercialización de dispositivos preparados para infringir la ley han generado un escenario particularmente preocupante. No solo se vulneran derechos de propiedad intelectual, sino que se expone a millones de usuarios a riesgos reales: malware, robo de datos personales, estafas, suplantación de identidad y acceso a contenidos no regulados, incluidos menores de edad. A ello se suma un impacto fiscal significativo y el debilitamiento del empleo formal en sectores creativos, tecnológicos y audiovisuales.

Este fenómeno no opera en el vacío. La piratería digital se articula hoy como un negocio estructurado, con cadenas de distribución transnacionales, monetización vía publicidad ilegal, suscripciones informales, venta de hardware especializado y uso intensivo de infraestructura digital legítima. En otras palabras, estamos frente a un problema de seguridad digital, económica e institucional, no solo de derechos de autor.

En este contexto emerge una tensión de fondo que rara vez se aborda con suficiente honestidad intelectual: el principio de neutralidad de red. Durante más de una década, la neutralidad ha sido uno de los pilares normativos del ecosistema digital. Su objetivo original fue proteger la libertad de acceso, evitar discriminaciones arbitrarias por parte de los operadores y garantizar un Internet abierto, competitivo e innovador. Fue, en esencia, una respuesta liberal y progresista frente al riesgo de captura de las redes por intereses económicos dominantes.

Sin embargo, ese principio fue concebido en un contexto tecnológico radicalmente distinto. En un escenario donde el tráfico ilícito no tenía la escala, velocidad, sofisticación ni carácter industrial que observamos hoy. La expansión masiva de plataformas de IPTV ilegal y servicios diseñados específicamente para infringir la ley plantea una paradoja regulatoria profunda: un principio creado para proteger derechos termina hoy operando, en la práctica, como un escudo normativo para economías ilegales organizadas.

La pregunta ya no es si la neutralidad de red es un valor democrático —lo es—, sino si puede seguir siendo un principio absoluto cuando se utiliza para blindar modelos de negocio criminales que erosionan la seguridad digital, desincentivan la inversión y afectan la sostenibilidad del propio ecosistema. Así como la libertad económica no protege al narcotráfico, la neutralidad de red no puede proteger la piratería industrial.

Este punto es clave: la neutralidad de red no fue pensada para el crimen digital. No fue diseñada para operar como una garantía de impunidad tecnológica. Un Internet abierto no implica un Internet indiferente a la legalidad. La neutralidad no puede ser neutral frente al delito.

Desde la perspectiva de la infraestructura digital, el impacto es directo. Redes de telecomunicaciones, centros de datos, sistemas de distribución de contenidos y plataformas requieren inversión sostenida, reglas claras y entornos de confianza. Cuando la ilegalidad se normaliza y se ampara en vacíos regulatorios, se rompe el equilibrio básico del modelo: se reduce la inversión, se precariza el empleo, se debilitan los incentivos a la innovación y se deteriora la calidad de los servicios para los propios usuarios.

Chile ha sido reconocido por su liderazgo en conectividad, despliegue de fibra óptica y adopción tecnológica. Mantener esa posición exige comprender que la protección del ecosistema digital no es una agenda sectorial ni corporativa, sino una política pública transversal, vinculada al desarrollo económico, la seguridad, la confianza institucional y la soberanía digital.

En este escenario, el debate legislativo en torno a la modernización de la Ley de Propiedad Intelectual y la regulación de las Medidas Tecnológicas de Protección abre una oportunidad relevante para corregir un rezago normativo evidente. El marco actual fue concebido para una realidad donde las prácticas ilícitas eran marginales y de baja escala. Hoy enfrentamos plataformas que operan como verdaderas industrias paralelas, con modelos de negocio consolidados y capacidad de adaptación tecnológica permanente.

El desafío, sin embargo, no es simplemente endurecer sanciones. Una aproximación exclusivamente penal resulta insuficiente y, en algunos casos, contraproducente. La experiencia comparada muestra que los sistemas más eficaces son aquellos que combinan prevención, herramientas técnicas proporcionales, coordinación institucional, cooperación público-privada y control judicial efectivo, con resguardos claros al debido proceso y a los derechos fundamentales.

Desde esta perspectiva, se vuelve indispensable avanzar hacia mecanismos que permitan interrumpir conductas ilícitas reiteradas y sistemáticas, actuar sobre los principales nodos de distribución digital, fortalecer la fiscalización de dispositivos diseñados para infringir la ley y dotar al Estado de capacidades reales para enfrentar estas prácticas en el entorno digital. Todo ello bajo criterios técnicos, con control judicial, sin establecer deberes generales de vigilancia ni censura previa, pero abandonando la ingenuidad regulatoria.

La neutralidad de red debe evolucionar desde un principio absoluto a un principio condicionado a la legalidad del tráfico. No se trata de habilitar discriminaciones arbitrarias ni de erosionar derechos digitales, sino de reconocer que el ecosistema cambió y que los principios normativos también deben adaptarse. Proteger la libertad de acceso no puede implicar proteger infraestructuras del delito.

La discusión que hoy se da en el Congreso abre un espacio estratégico para avanzar hacia un marco moderno, equilibrado y eficaz, alineado con estándares internacionales y adaptado a la dinámica real del entorno digital. No se trata de castigar más, sino de proteger mejor: a los usuarios, a la infraestructura, a la inversión y al desarrollo tecnológico del país.

Porque si la neutralidad de red nació para garantizar un Internet libre, su actualización hoy es condición para que ese Internet siga siendo, además, seguro, sostenible y legítimo.

Rodrigo Ramírez Pino

Presidente IDICAM – PhD – ex Subsecretario de Telecomunicaciones