Nota roja a informes financieros de instituciones públcas
La reciente revisión de la Contraloría General de la República sobre los informes financieros de 73 instituciones públicas entre 2023 y 2025 ha puesto en evidencia un aspecto crucial que suele pasar desapercibido en el debate sobre la gestión estatal: la diferencia entre presupuestar y contabilizar. El ente fiscalizador objetó montos relevantes y señaló que no logró determinar la existencia de evidencia suficiente que permita validar, en términos simples, parte de los gastos reportados. Este hallazgo revela que, para evaluar la gestión institucional, la contabilidad es más efectiva, es decir, el registro verificable de cómo se aplican y ejecutan los recursos públicos.
El presupuesto es, en esencia, una proyección. Representa la intención de gasto, la planificación de políticas y la asignación de recursos. Sin embargo, carece de valor probatorio si no se acompaña de registros contables que acrediten la ejecución real. La contabilidad, en cambio, es el lenguaje de la rendición de cuentas: documenta cada transacción, respalda cada desembolso y permite reconstruir el camino del dinero público. Cuando la Contraloría detecta ausencia de evidencia, lo que está señalando es que las instituciones no han cumplido con el deber de contabilizar oportuna o adecuadamente el gasto.
La diferencia no es menor. Un presupuesto puede ser técnicamente impecable y políticamente atractivo, pero si no existe contabilidad que lo respalde, la gestión se vuelve opaca. La ciudadanía no puede conformarse con saber cuánto se proyectó gastar; necesita conocer cómo se aplicaron los recursos fiscales, es decir, en qué y cómo se gastó y cuáles fueron sus resultados. La contabilidad es la que convierte el discurso presupuestario en hechos verificables.
El informe de la Contraloría no solo refleja debilidades administrativas, sino también una cultura institucional que privilegia la planificación sobre la rendición. Se asume que cumplir con el presupuesto es sinónimo de buena gestión, cuando en realidad lo decisivo es demostrar, con evidencia contable, que los recursos fueron utilizados de manera correcta y transparente. La contabilidad se transforma así en el verdadero examen de probidad. Sin ella, el presupuesto se convierte en una promesa sin sustento. Con ella, en cambio, se transforma en un instrumento de confianza ciudadana.
Los reparos de la CGR demuestran en parte la urgente necesidad de parte de profesionalizar los equipos contables, invertir en sistemas de registro modernos y estandarizar procesos que reduzcan la discrecionalidad. La transparencia no depende de cuánto se planifica, sino de cuánto se puede demostrar. El presupuesto abre expectativas; la contabilidad las valida. Solo cuando ambas dimensiones se articulan de manera coherente, el Estado puede demostrar que administra el patrimonio común con responsabilidad y probidad.
Américo Ibarra Lara
Director Instituto del Ambiente Construido
Observatorio en Política Pública del Territorio
Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido
Universidad de Santiago de Chile
