Quo Vadis empleo público: entre la mesa de negociación y el amarre a las contratas

La pregunta “Quo Vadis empleo público”-¿hacia dónde va el trabajo en el Estado?- se instala con fuerza en un contexto de expansión acelerada del aparato estatal y de crecientes tensiones como resultado de la negociación entre el ejecutivo y la mesa de negociación del sector público.

El empleo público en Chile se caracteriza por una dualidad que genera fricciones: por un lado, la estabilidad que otorgan las plantas y cargos de carrera; por otro, la precariedad relativa de las contratas y honorarios, que dependen de renovaciones anuales y de decisiones políticas coyunturales. El llamado “amarre a las contratas” es una práctica que busca asegurar continuidad laboral mediante renovaciones sucesivas, muchas veces sin evaluación rigurosa de desempeño ni concursos abiertos. Este fenómeno, aunque otorga seguridad a los trabajadores, tensiona el principio de igualdad de acceso y genera un régimen híbrido difícil de sostener en el largo plazo.

Desde el punto de vista legal, el régimen de contratos en el sector público está regulado por normas que buscan garantizar probidad y eficiencia. No obstante, la proliferación de figuras como las contratas y los honorarios ha generado un mosaico difícil de fiscalizar. La Contraloría ha emitido dictámenes para limitar abusos, pero la práctica del amarre persiste, disfrazada de continuidad de servicio o de necesidad institucional. El resultado es un sistema donde la ley establece principios, pero la realidad los acomoda según conveniencias políticas y administrativas.

Los informes de la Dirección de Presupuestos (Dipres) muestran que el Estado chileno ha crecido de manera sostenida en gasto y en número de programas, lo que inevitablemente se traduce en más personal, más contratos y más desafíos de gestión.  A septiembre de 2025, el Gobierno Central alcanzó 534.807 cargos efectivos, lo que representa un 10,8% más que en 2024. Este aumento se explica en un 93% por la incorporación de personal a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), que sumaron 48.666 nuevos puestos en el año, con un alza de 103,7% en su dotación. La paradoja es evidente: mientras el Estado se expande, su régimen de empleo sigue siendo frágil, con miles de trabajadores que dependen de renovaciones anuales y que carecen de una carrera funcionaria definida.

Con todo, el riesgo es doble. Por un lado, la precarización de quienes sostienen la operación diaria del aparato público versus la captura de espacios laborales por prácticas de amarre que perpetúan privilegios y limitan la movilidad. El “Quo Vadis” interpela directamente a la ciudadanía y a los actores políticos: ¿queremos un Estado que se amarre a contratas indefinidas, blindando a ciertos grupos, o preferimos un sistema dinámico, basado en concursos y mérito? La respuesta no es sencilla. La estabilidad laboral es un valor, especialmente en sectores críticos como salud y educación. Pero la rigidez excesiva puede convertirse en un lastre que impide adaptarse a nuevas necesidades y tecnologías. El desafío es evitar los amarres que perpetúan privilegios y, al mismo tiempo, construir un régimen contractual que otorgue certezas sin sacrificar la innovación y la eficiencia. Solo así el Estado podrá crecer de manera sana, legítima y sostenible, respondiendo a las demandas de una sociedad que exige cada vez más transparencia y eficacia.

Américo Ibarra

Director Instituto del Ambiente Construido

Observatorio en Política Pública del Territorio

Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido

Universidad de Santiago de Chile