Gobernabilidad y territorio en el nuevo ciclo político
José Antonio Kast, en su primer discurso como presidente electo, llamó no sólo a la unidad de su sector, sino que también a construir un gobierno de emergencia nacional en colaboración de la oposición, entendiendo que la gobernabilidad es la estructura o andamiaje necesario para enfrentar los desafíos y cumplir con las expectativas ciudadanas alentadas por las promesas de campaña.
Si se viera el resultado más allá del número de votantes, lo relevante de este proceso es que el presidente electo ganó en todas las regiones y en 313 de las 346 comunas del país. Este resultado implica hacerse cargo de expectativas ciudadanas en territorios diversos y con demandas también distintas, camino que evidentemente no será fácil. Mientras las grandes ciudades concentran infraestructura, servicios y oportunidades, vastas zonas rurales y regiones extremas siguen enfrentando carencias estructurales.
La gobernabilidad, en este sentido, deberá responder a altas y dispersas expectativas territoriales y no podrá seguir siendo concebida como un ejercicio centralista ni como un tecnicismo abstracto. El nuevo gobierno -en este sentido- si quiere proyectarse más allá del periodo presidencial de cuatro años, deberá profundizar en una estrategia de descentralización que evite seguir reproduciendo inequidades y alimentando el populismo local. El éxito o fracaso en esta tarea, probablemente se constatará el 6 de diciembre de 2028, fecha de las próximas elecciones municipales.
La capacidad predictora de estas para los resultados parlamentarios y presidenciales próximos convierten a los territorios en el verdadero termómetro del éxito o del fracaso de la gobernabilidad. Sí las regiones extremas, las comunas rurales o los barrios periféricos no son atendidos, la promesa de unidad y de progreso se convierte en un discurso vacío con evidentes consecuencias electorales.
¿Qué se espera entonces de este nuevo gobierno? En primer lugar, una agenda de modernización institucional que acerque el Estado a la ciudadanía y lo haga más transparente. En segundo lugar, políticas públicas con foco en equidad territorial, que reduzca brechas históricas, invertir en educación y salud como pilares de cohesión, y avanzar hacia un desarrollo sostenible que integre economía y medio ambiente. La gobernabilidad económica implica alcanzar un justo equilibrio entre la estabilidad macroeconómica y políticas redistributivas que generen bienestar compartido en todas las regiones y no solo en los centros urbanos. Finalmente, se espera un liderazgo capaz de escuchar y de integrar a los territorios como protagonistas, no como meros ejecutores de decisiones centrales.
Si bien “habemus presidente”, existe el riesgo de carecer de gobernabilidad ya sea por no responder con éxito y prontitud a las demandas territoriales internas, o bien, porque en tiempos de incertidumbre global, con tensiones geopolíticas, crisis climática y transformaciones tecnológicas, la gobernabilidad nacional dependerá también de la capacidad de insertarse en el escenario mundial con inteligencia estratégica.
Américo Ibarra Lara
Director Instituto del Ambiente Construido
Observatorio en Política Pública del Territorio
Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido
Universidad de Santiago de Chile
