Funcionarios públicos competentes: el desafío del Chile actual
En Chile, hablar de eficiencia, eficacia y efectividad en la gestión pública suele reducirse a discusiones sobre estructuras institucionales, reformas legales o ajustes presupuestarios. Sin embargo, hay un aspecto que permanece en segundo plano y que resulta decisivo para cualquier intento de modernización: la formación de los agentes públicos.
Sin directivos y funcionarios preparados en materias duras tales como política, finanzas y gestión pública, cualquier intento de reforma corre el riesgo de convertirse en letra muerta. La calidad de las decisiones depende de la calidad de quienes las toman, y en este punto nuestro país arrastra una deuda histórica.
Durante la década de 1960 y hasta principio de los 80, Chile contó con una experiencia notable: la Escuela Nacional de Adiestramiento (ENA), dependiente de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, en particular bajo la Subdirección de Racionalización y Función Pública. Inspirada en modelos europeos, la ENA buscaba profesionalizar la administración pública mediante programas rigurosos de formación. Su objetivo era dotar al Estado de cuadros técnicos capaces de enfrentar los desafíos de planificación y desarrollo. No se trataba solo de enseñar procedimientos administrativos, sino de formar líderes con visión estratégica, capaces de articular políticas coherentes y sostenibles.
La ENA fue un instrumento clave en la consolidación de un modelo que impulsó y desarrolló propuestas para modernizar la gestión estatal. El diagnóstico fue simple se apreciaba que la falta de preparación técnica de directivos y funcionarios era un gran obstáculo para implementar políticas públicas de manera eficiente. La ENA respondía a esa carencia, ofreciendo formación sistemática y articulada con las prioridades nacionales.
Lo que tenemos actualmente son programas fragmentados, cursos aislados y capacitaciones que dependen de la voluntad de cada repartición, orientadas preferentemente a fortalecer las habilidades “blandas” de directivos y funcionarios. No existe hoy una política nacional de formación de funcionarios que articule las necesidades estratégicas del Estado con un plan de capacitación permanente.
La consecuencia es evidente: un Estado que enfrenta desafíos complejos - desde la transición energética hasta la seguridad ciudadana, pasando por la digitalización y la gestión de crisis climáticas - cuenta con funcionarios que muchas veces carecen de las herramientas necesarias para diseñar e implementar políticas de calidad. La improvisación se convierte en norma, y las reformas se desgastan en la práctica por falta de capacidades técnicas.
Nuestro país requiere formar funcionarios y futuros líderes públicos en materias como políticas basadas en evidencia, economía global, gestión financiera, negociación en redes interinstitucionales y uso de tecnologías digitales. Se trata de construir un modelo que asegure que quienes ocupen cargos estratégicos cuenten con los conocimientos, competencias y habilidades, que requiere un Estado moderno.
La experiencia nos recuerda que la eficiencia no se logra solo con reformas legales, sino con personas preparadas para llevarlas adelante. El capital humano, en este caso, es el verdadero motor de la gestión y el país requiere volver a apostar por la formación sistemática de sus cuadros públicos.
Américo Ibarra Lara
Director Instituto del Ambiente Construido
Observatorio en Política Pública del Territorio
Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido
Universidad de Santiago de Chile
