El nuevo informe de Moody’s lo dice sin eufemismos: la transición energética chilena se estancará sin transmisión ni almacenamiento. Paradójico en un país que promete liderazgo verde, pero sigue con la red eléctrica del 2019.
Entre 2025 y 2035, Chile invertirá US$50.000 millones —1,4% del PIB—, 70% en solar y eólica. Sin embargo, la generación se triplicó y la transmisión no avanza desde la línea de Interchile. La recién aprobada Kimal–Lo Aguirre apenas aliviará los cuellos de botella. Resultado: energía limpia vertida, precios desacoplados y un sistema fragmentado.
Los proyectos enfrentan hasta cuatro años de permisos. La burocracia es el nuevo carbón: no contamina, pero bloquea igual. Mientras tanto, el Estado multiplica anuncios y el sector privado financia más del 90% de la inversión, en un entorno incierto y sin coherencia regulatoria.
La transición no requiere más discursos, sino gestión. Chile necesita certeza jurídica, coordinación institucional y líneas tratadas como infraestructura crítica.
El liderazgo no se ejerce con anuncios, sino con hechos. Chile no puede seguir vertiendo su futuro.
Luciano Cruz Morandé
Abogado. Socio de Arteaga Gorziglia.