Daño Cerebral Estatal pide en el Congreso la creación de un código diagnóstico específico para daño cerebral adquirido

La presidenta de Daño Cerebral Estatal, Ana Cabellos, ha reclamado este lunes en el Congreso de los Diputados la creación de un código diagnóstico específico para el daño cerebral adquirido (DCA) en el momento del alta hospitalaria, con el fin de mejorar el seguimiento y la atención de los pacientes desde el primer momento, ya que actualmente este registro no existe en los sistemas sanitarios.

"Necesitamos planificar políticas públicas eficaces que permitan dar una continuidad asistencial tras el alta, diseñar itinerarios de atención y activar recursos sanitarios, sociales y educativos desde un primer momento, desde ese alta hospitalaria", ha reivindicado Cabellos durante una jornada que Daño Cerebral Estatal ha celebrado en la Cámara Baja, en el marco del Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido.

En la jornada se presentado el estudio 'La realidad de la infradetección en la incidencia y prevalencia del daño cerebral adquirido', que subraya la necesidad de crear un código diagnóstico específico para estos casos.

"En la clasificación internacional de enfermedades, en su versión 10, no tenemos un código de daño cerebral adquirido, lo cual dificulta su detección enormemente, cuando no la imposibilita", ha manifestado Jorge Palmero, técnico de investigación de la Consultora Andaira.

Según Palmero, la falta de código, implica que "las personas no salen del hospital codificadas con daño cerebral adquirido, sino que aparecen con un ictus, con un traumatismo y con códigos de secuelas que pueden ser muchos, por lo cual no hay una homogeneidad para detectar a las personas con esta discapacidad", ha indicado.

Así, Cabellos ha explicado que el ictus es la principal causa de daño cerebral adquirido, además de la primera causa de discapacidad sobrevenida en el mundo desarrollado. "Es la primera causa de muerte en mujeres y es la segunda causa de muerte en global", ha añadido.

En este punto, ha recordado que en España hay unos 120.000 nuevos casos anuales de ictus. Además, en España viven más de medio millón de personas con daño cerebral adquirido, de los que un 40 por ciento serían menores de 65 años: "No tenemos tampoco muchos más datos oficiales", ha subrayado.

Tras ello, la presidenta de la entidad ha reclamado una estrategia o plan nacional de atención al DCA que coordine recursos, servicios y apoyos de forma integral, así como la elaboración de un censo estatal de personas con DCA que permita conocer cifras reales que contemplen todas las causas.

"Esta falta de un censo real estatal de personas con daño cerebral adquirido impide en gran medida dimensionar correctamente qué recursos son necesarios para atender a nuestro colectivo y también de qué tipo", ha apuntado Cabellos, que ha añadido, que se espera un aumento de la incidencia del ictus en un 35 por ciento de aquí a 20 años.

Asimismo, la presidente de Daño Cerebral Estatal ha pedido para el colectivo el acceso a una atención integral, inclusiva y universal que contemple a las familias y a la diversidad de realidades, como los menores con DCA infantil, las personas con DCA gravemente afectadas o con problemas de salud mental, o las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

"Los pacientes no saben dónde dirigirse al salir del hospital y, cuando consiguen una información, hay una falta de recursos de rehabilitación especializada y asequible para la mayoría de las personas con daño cerebral y sus familias", ha manifestado Cabellos.

En la segunda parte de la jornada se ha presentado un estudio sobre el impacto socioeconómico del daño cerebral adquirido en España, que ha contado con una muestra de 438 personas con DCA.

El documento ha analizado los gastos directos e indirectos durante la fase aguda (entrada del paciente al sistema hospitalario donde la vida corre peligro); la fase subaguda (de neurorehabilitación, en la cual la persona comienza a recuperar las competencias perdidas por el suceso previo), y la fase crónica (en servicios sanitarios de largo recorrido).

Según ha detallado, Javier González, consultor senior de la Consultora Andaira, en la fase subaguda es donde mayor cantidad de gastos se concentran: "Tenemos testimonios recogidos de personas que en dos meses en Madrid se han gastado 50.000 euros en rehabilitación intensiva y en alojamiento".

"Por último, en la fase crónica tenemos los gastos en los que, una vez estabilizada la situación, la persona incurre como son una ayuda a domicilio o un asistente personal", ha señalado.

Por todo ello, en las recomendaciones del estudio se aconseja que la Cartera de servicios públicos del Sistema Nacional de Salud cubran las necesidades de los pacientes: "Creemos que es vital que se incorpore dentro de la Cartera de servicios públicos, tanto sociales como sanitarios, los apoyos necesarios para la rehabilitación. Son costes que no pueden estar atravesados por el lugar de donde vengamos", ha finalizado González.