La cuenta regresiva ya comenzó. Del 5 al 14 de agosto, en Ginebra, los países volverán a sentarse en la mesa para negociar el primer tratado global de plásticos, en una sesión extra conocida como INC 5.2, tras el anterior intento de diciembre pasado en Busan. ¿El objetivo? Fijar reglas claras y vinculantes para frenar la contaminación plástica desde la raíz, limitar la producción de polímero virgen, regular los envases y trazar un nuevo mapa de responsabilidades.
No se trata solo de un tema ambiental. Lo que está en juego es el acceso a mercados, el costo de los envases, el financiamiento y, en última instancia, la competitividad. Una carta abierta llamada “Nice call” —firmada en marzo por 95 países, desde la Unión Europea hasta Kenia— ya dejó claro el tono y ambición de ese grupo de naciones: el statu quo no es una opción.
La presión regulatoria ya se siente. En Europa, el Reglamento (UE) 2025/40 exige que todo envase sea técnicamente reciclable o reutilizable al 2030, y castiga con tasas diferenciadas el uso de plástico virgen. Para los exportadores chilenos de frutas, berries o salmón, esto significa rediseñar envases como clamshells, bandejas y film retráctil… o prepararse para enfrentar un costo extra una vez que lleguen a destino. A eso se suman compromisos locales como el Pacto Chileno por los Plásticos, que obliga a tener 100 % de envases reutilizables, reciclables o compostables al 2025.
El dinero, como siempre, está tomando posición y empezando a mover la aguja. En junio, el Banco Europeo de Inversiones y otros cuatro bancos lanzaron la segunda fase de la Clean Oceans Initiative, con 3.000 millones de euros para iniciativas que reduzcan la demanda de plástico virgen. Para acceder a ese financiamiento, ya no basta con buenas intenciones: se exigen métricas verificables como “kilogramos de polímero virgen por dólar de ingreso”. Sin datos, no hay crédito.
Para la empresa chilena, esto se traduce en tres pasos urgentes. Primero, asumir que el tratado impondrá un precio implícito al plástico vía tasas, cuotas de contenido reciclado o techos de producción. Segundo, medir la dependencia de plásticos problemáticos. Por ejemplo, un productor de arándanos que use clamshells con PVC o etiquetas no desprendibles podría quedar fuera del mercado europeo en tres o cuatro temporadas. Tercero, calcular el costo de la transición: hoy, un clamshell de PET reciclado cuesta entre 8% y 12% más, pero en mercados con impuesto al plástico virgen, esa brecha puede desaparecer en menos de dos años.
Además, la banca ya está actuando como un nuevo regulador. Algunos due-diligences exigen planes de reducción de plástico similares a los de carbono, e incluso vinculan el margen del préstamo al avance anual en esta materia. No tener ese plan puede salir literalmente más caro.
Y aquí aparece una nueva amenaza: el treaty-washing, es decir, anunciar compromisos sobre envases sin calendario ni verificación. En Estados Unidos ya hay demandas colectivas por publicidad engañosa contra supermercados que prometieron más de lo que cumplieron. La narrativa sin métricas tiene consecuencias.
Hoy, la ventana de ventaja competitiva está abierta para quien se anticipe. Las empresas que ya están invirtiendo en reutilización, refill y contenido reciclado llegarán mejor preparadas al día uno del tratado. Los que esperen, pagarán el precio en aranceles, tasas de envase y pérdida de mercado.
La decisión es simple: financiar la innovación hoy o pagar por la obsolescencia mañana.
Daniel Vercelli Baladrón, socio y Managing Partner de la consultora Manuia, director de empresas
