Cazador cazado
Hemos sido testigos cómo el Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos ha sido sentado en el banquillo de los acusados por no haber pagado el monto adecuado de las contribuciones por una parcela de su propiedad. La falta radica en no haber realizado la regularización de las mejoras efectuadas en el bien raíz, las cuales aumentaban su valorización y, por ende, la base imponible sobre la que se calculan las contribuciones, generando así una recaudación considerablemente menor.
El Director Nacional se excusó diciendo que sí había iniciado el trámite de regularización, pero no lo concluyó debido a la excesiva documentación solicitada, la cual – según indicó – no logró reunir por estar abocado a sus funciones profesionales.
El municipio respectivo señaló que la “solicitud fue observada por falta de antecedentes técnicos y al no ser corregidos por el propietario se rechazó conforme a la norma”.
Por lo tanto, es dable colegir que el descuido, es decir, la falta de cuidado del Director Nacional, fue la causa directa del incumplimiento tributario que terminó por costarle el puesto, pese a las explicaciones que dio al Ministro de Hacienda y al mismo Presidente de la República.
Lo importante en este hecho es advertir cómo las exigencias burocráticas impuestas por la normativa terminaron por disuadir al propio Director Nacional de terminar con el imperativo legal que derivó en una menor recaudación tributaria. Algunos han calificado esta situación como un acto de elusión e incluso – de manera que considero injusta - de evasión tributaria.
Es curiosa la respuesta dada por el afectado, pues es la misma que suelen esgrimir muchos emprendedores que se ven imposibilitados de terminar su trámite de inicio de actividades, debido a que el propio Servicio de Impuestos Internos les exige una serie de documentos, tales como contratos con clientes, acuerdos con proveedores, adquisición de maquinaria específica para el giro declarado, o la validación del domicilio comercial, entre otros antecedentes que, como he señalado en distintas ocasiones, rozan lo kafkiano.
Muchos contribuyentes han desistido de completar este trámite o de regularizar situaciones tributarias ante el organismo fiscalizador, producto del alto costo en tiempo y recursos que ello implica. Esta carga administrativa actúa como un desincentivo al cumplimiento voluntario, al detraer recursos que podrían asignarse a actividades productivas o generadoras de renta, afectando así la eficiencia económica del contribuyente.
A ello se suman los inconvenientes técnicos presentadas por la página web del Servicios en la última Operación Renta cuando fallas en el sistema el último día de declaración, obligaron a muchos contribuyentes a presentar su declaración fuera del plazo, incurriendo en la aplicación de multas e intereses por un incumplimiento absolutamente involuntario.
Por todo lo anterior, resulta irónico que el propio Director Nacional haya caído en las mismas situaciones “particulares” que tantos contribuyentes han venido denunciando. En este caso, el cazador terminó siendo cazado por el mismo sistema que administra.
Prof. Germán R. Pinto Perry
Director Programas de Especialización Tributaria
Centro de Investigación y Estudios Tributarios NRC
Universidad de Santiago
