Sr. Director,
En los últimos días se dio a conocer un nuevo dictamen de auditoría emitido por la Contraloría General de la República de Chile (CGR), en el que se evidenciaron diversas irregularidades en los controles de tránsito llevados a cabo por Carabineros de Chile. Entre los hallazgos más graves, se identificó que no se incautaron 626 vehículos con encargo por robo ni se detuvo a 144 personas con órdenes de aprehensión vigentes. Este caso se suma a una serie de fiscalizaciones que ha realizado la CGR en el último tiempo, donde quizás el de mayor impacto público ha sido el relacionado con las licencias médicas. Dicho caso presenta múltiples dimensiones, entre ellas: salidas de funcionarios públicos al extranjero mientras se encontraban con licencia médica y emisión desproporcionada de licencias por parte de profesionales del área de la salud, algunos de los cuales están siendo investigados por posibles fraudes, entre otras aristas.
Al respecto, es importante precisar que el rol de la CGR en estas materias consiste en fiscalizar y verificar que las instituciones públicas actúen conforme a la ley y dentro del marco de sus atribuciones, procurando el buen uso de los recursos públicos. Por tanto, dada la legislación vigente, resulta clave fortalecer las facultades sancionatorias de la CGR, tomando como referencia, por ejemplo, el rol que ejercen organismos como la Comisión para el Mercado Financiero o el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en el ámbito privado.
Adicionalmente, no debe confundirse el rol de control externo que ejerce la Contraloría General de la República con el control interno que corresponde a los Departamentos de Auditoría Interna de cada servicio público, ni con el que eventualmente podría asumir el Servicio de Auditoría Interna del Gobierno (SAIGG), actualmente en tramitación legislativa. Estos roles, aunque complementarios, son claramente distintos. En este contexto, y bajo el modelo de líneas de defensa, la CGR podría considerarse, para efectos de la administración del Estado, como una cuarta línea de defensa, al tratarse de un organismo externo a las entidades fiscalizadas, que supervisa ex post el uso de los recursos públicos. En cambio, los controles internos que ejercen los departamentos de auditoría institucionales deben asumir un rol preventivo y continuo, orientado más a prevenir y mitigar riesgos antes de que estos se materialicen.
En este sentido, ha sido un acierto la estrategia de visibilizar públicamente los resultados de las fiscalizaciones realizadas por la Contraloría, así como la cobertura que los medios de comunicación han otorgado a estos hallazgos. Esto cobra especial relevancia considerando las limitadas herramientas jurídicas con las que cuenta el órgano contralor para aplicar sanciones directas. Por ello, la visibilización de estos hechos funciona como un importante mecanismo de rendición de cuentas, en la medida en que permite transparentar ante la ciudadanía lo que ocurre al interior de la administración pública, generando no solo información, sino también conciencia, cultura y opinión pública. En esta línea, también resulta valioso que la CGR pueda destacar aquellas fiscalizaciones con altos niveles de cumplimiento, transparentando, así también, los aspectos positivos que pueden surgir de un proceso de control.
Finalmente, un órgano contralor que comunica sus hallazgos debe ser valorado positivamente por la opinión pública, ya que en el corto plazo contribuye a establecer una capa adicional de protección institucional para los organismos del Estado, y en el mediano y largo plazo promueve la consolidación de una cultura de control en el uso de los recursos públicos, los cuales, convengamos, según los hallazgos recientes, son de alta importancia para el país.
Felipe Arenas Torres,
Doctor en Administración de Empresas,
Académico Facultad de Economía y Negocios,
Universidad de Talca, Chile