El reciente anuncio del presidente Donald Trump que establece un arancel de 50% a las importaciones de cobre a contar del 1 agosto 2025, tiene varias lecturas y eventuales repercusiones para la economía chilena.
Primero, el racional detrás de la medida radica en la intención de fortalecer la producción y el refinamiento interno, reduciendo así su dependencia actual de Chile, Canadá y Perú. ¿Por qué?, amparado en la sección 232, Trump argumenta razones de seguridad nacional, dado que el metal rojo es un insumo estratégico en tecnología, defensa y energías renovables.
El impacto en los mercados, han sido heterogéneos. Mientras en la bolsa de metales de Londres, el precio spot incluso descendió, pasando de US$ 4.5 a US$ 4.46/libra los últimos dos días, en Nueva York (COMEX) los futuros de cobre alcanzaban US$5.85/libra a junio 2026.
En este contexto, y de materializarse la medida, los impactos en la producción doméstica en EEUU debieran ser acotados, pero las expectativas inflacionarias debieran verse afectadas en lo inmediato dado que un alza en el costo del cobre en la economía norteamericana afectaría bienes finales como automóviles, electrodomésticos, infraestructura, construcción, data centers y vehículos eléctricos.
En Chile, los impactos debieran ser más bien acotados. Primero, porque sólo cerca del 10% de la producción chilena de cobre se exporta a EEUU, y segundo porque la incidencia de la minería en la economía chilena ha venido decayendo.
En efecto, mientras en 2006 el PIB minero representaba un 20% del total nacional, hoy alcanza el 12% y el Comité de expertos de Hacienda prevé que se mantenga en esos niveles hasta el año 2029. En términos presupuestarios la minería aporta entre el 7% y 10% de los ingresos fiscales, considerando impuestos y los aportes al fondo de estabilización del cobre.
Patricio A. Jaramillo
Economista y Director Riesgo Financiero PwC Chile