MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha nombrado al general David Zini como nuevo jefe del servicio de Inteligencia Nacional (Shin Bet) un día después de que el Tribunal Supremo determinara que la destitución de su predecesor, Ronen Bar, fue "ilegal" e impidiera un nuevo nombramiento bajo esas circunstancias.
La oficina del primer ministro ha indicado en un comunicado que Zini ha sido comandante del Batallón 51 de la Brigada Golani del Ejército israelí; comandante de la Unidad Egoz de las fuerzas especiales, así como comandante en la Brigada Alexandroni, que luchó en la guerra árabe-israelí de 1948.
Poco después, la fiscal general, Gali Baharav-Miara, ha acusado a Netanyahu de actuar "en contravención" del fallo del Supremo y ha resaltado que existe preocupación de que el proceso de nombramiento haya quedado "viciado" debido a un "conflicto de intereses" por parte del primer ministro, según el diario 'The Times of Israel'.
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir, ha celebrado el nombramiento de Zini, a quien ha descrito como "un combatiente aguerrido". "La autoridad para nombrar al jefe del Shin Bet le corresponde por ley únicamente al primer ministro", ha precisado en redes sociales.
Su nombramiento se produce horas después de que el Supremo alegara en un fallo que el primer ministro incurrió en un grave conflicto de intereses al destituir a Bar debido a la investigación del 'Qatargate' y afirmó que su cese carece de "fundamentos".
La destitución de Bar fue criticada por la oposición y parte de la ciudadanía al considerar que se trataba de un castigo por la investigación del servicio de Inteligencia, que revela una presunta trama de corrupción entre el Gobierno, Qatar y la financiación del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
Netanyahu justificó su cese por su responsabilidad en los fallos de seguridad en los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, si bien Bar aseguró que no fue despedido por cuestiones profesionales sino por la supuesta "falta de lealtad" exigida por el propio primer ministro, que le pedía una "obediencia total" frente a los tribunales en caso de que se produjera una crisis constitucional.