En el panorama económico actual, dominado por la inflación y la incertidumbre geopolítica, un sector crucial para el desarrollo y el bienestar social se encuentra asfixiado: la construcción. Si bien el alza generalizada de precios afecta a todos los ámbitos, el incremento excesivo de los costos de construcción se ha convertido en un problema particularmente apremiante, amenazando la viabilidad de proyectos de infraestructura, vivienda y desarrollo urbano.
Según todos los informes e indicadores asociados a la construcción exponen que en los últimos años se ha observado un incremento relevante en los precios de los materiales, la mano de obra y el alquiler de maquinaria. Por ejemplo, Ginebra, Londres, Zurich, Munich y Nueva York son las ciudades que presentan los más altos costos de construcción durante el año 2024 según informe de ICC 2025 – Arcadis. En España, el ICC de Barcelona (78) y Madrid (79) han experimentado un aumento sostenido y en Latinoamérica, países como Chile (80) y Colombia (81) también reportan incrementos significativos impactando negativamente en la ejecución de obras públicas y privadas.
La pandemia COVID-19, uno de los principales motores de esta escalada de precios debido a la interrupción de las cadenas de suministro, generó quiebres en la producción y distribución de materias primas y junto con ello un aumento significativo en los costos de transporte, que hasta hoy no han logrado revertirse totalmente. La crisis energética global, exacerbada por el conflicto en Ucrania, también ha impactado los costos de producción y transporte de materiales de construcción. La falta o el envejecimiento de la fuerza laboral en el sector y la falta de cualificación como, por ejemplo, de albañiles, carpinteros o electricistas también, ha incrementado los costos. La inflación generalizada que afecta a la economía global y la inestabilidad delas políticas de comercio exterior por la guerra de aranceles entre USA y China, aporta lo suyo al problema.
Las consecuencias de este desmesurado aumento de los costos son graves. Dificulta el acceso a la vivienda, haciendo que sea inasequible para un número cada vez mayor de personas. Los proyectos de infraestructura, tanto públicos como privados, se ven amenazados por el aumento de los costos, lo que puede retrasar o incluso cancelar obras esenciales. Esto junto a la alta volatilidad de los precios, dificulta la planificación y la gestión de proyectos, generando incertidumbre entre las empresas constructoras y los inversores (según datos de la Superintendencia de Insolvencia y Emprendimiento más de 1.240 empresas de la construcción han solicitado su quiebre en la última década).
Para mitigar los efectos, es necesario adoptar una serie de medidas, entre ellas: diversificar las fuentes de suministro de materiales de construcción, invertir en tecnologías y procesos constructivos más eficientes y sostenibles, formar y capacitar fuerza laboral para el sector e implementar políticas públicas que incentiven la eficiencia energética y la sostenibilidad en la construcción.
El Estado y el sector privado, están llamados de forma coordinada y urgente a enfrentar el significativo aumento de los costos de construcción, ya que este sector, además de reconocido demandante de empleo y dinamizador de la industria en general contribuye a la paz social facilitando el acceso a la vivienda y a infraestructura de calidad, elementos indispensables para el desarrollo económico de nuestro país. Debemos actuar hoy y no hipotecar nuestro futuro.
Américo Ibarra Lara
Director Observatorio en Política Pública y Territorio
Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido
Universidad de Santiago de Chile